Después de que el alcalde y la edila de Igualdade de Boiro, José Ramón Romero y Dores Torrado, respectivamente, dieron cuenta del expediente encargado tras las denuncias de víctimas de violencia machista sobre la “mala praxis” de una trabajadora del CIM de la localidad, además de criticar la actuación de la Secretaría Xeral de Igualdade, desde esta última expresaron su sorpresa por la actitud de Ejecutivo boirense. Lamenta que esos políticos se dediquen a cuestionar el trabajo de profesionales, como la técnica de Igualdade que constituyó el grupo de autocuidado, y ponga en conocimiento de la autoridad judicial una emisión irregular de certificados que acreditan que esas mujeres son víctimas de violencia de género, con una denuncia que la Xunta entiende que no va a tener demasiado recorrido. Le pide al equipo de gobierno que “deixe de dispersar responsabilidades, reconsidere a súa postura e se poña do lado das vítimas”, insistió.

Desde dicho departamento autonómico indicaron que con esa denuncia quienes son perseguidas son las propias víctimas de esta situación y que “é ao lado de quenes teñen que estar as institucións, neste caso o Concello de Boiro, e non darlle ás costas”. Sobre los ataques del alcalde hacia su responsable, la propia Susana López Abella indicó que ella habló con el regidor en el momento que tenía que hacerlo, y añadió que están muy preocupadas por este asunto para atender a las víctimas de maltrato y abusos, con las que mantiene contacto para ayudarlas en todo lo posible. La Secretaría Xeral de Igualdade expresó su preocupación ante su sospecha de que el CIM “é molesto”, pues advierte que el equipo de gobierno no ha hecho uso de la subvención que le ha concedido para cubrir el puesto de directora, que sigue sin tener, “o que resulta relevante da pouca importancia que lle da a ese servizo, e terá que devolver esa axuda por non empregala”.