Hace un par de semanas que en los dos portales del edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en Abesadas, en Ribeira, se colocó un bando del alcalde en el que se comunicaba a quienes okupan ese inmueble que debían contactar con la trabajadora social municipal en 10 días hábiles para solicitar la valoración de su potencial situación de vulnerabilidad. Ayer remató ese plazo y desde el departamento municipal de Servizos Sociais ribeirense indicaron que sólo hubo una persona que lo habita que hizo una solicitud a ese respecto y expresó su disposición a salir de ese círculo. Además, recibió otras dos solicitudes de citas, pero finalmente no se presentó nadie a ellas.

A partir de ahora, sin que se hagan más requerimientos a los okupas, se prevé emprender las acciones correspondientes, tal y como se indicaba en el bando. Aunque en ese documento no se detallaba cuáles son esas medidas, desde los Servizos Sociais indicaron que la primera será remitir, previsiblemente hoy, un informe a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida por el acrónimo Sareb, conforme sólo una persona advirtió su situación de vulnerabilidad, y a la que ya se le está buscando una solución habitacional a través del programa “Sen Fogarismo”, de atención de personas sin techo.

De ese modo, el Ayuntamiento reaccionó a la comunicación de la Sareb en la que ponía de manifiesto su intención de dar íntegro cumplimiento de la Ley de derecho a la vivienda y en relación a la okupación de ese inmueble. Además, esa sociedad indicó que, tras la realización de varias visitas de sus representantes a ese edificio no le fue posible contactar con esos inquilinos o no recibieron colaboración alguna, ni entrega de la documentación exigida para valorar esa potencial situación de vulnerabilidad. Tras la gestión municipal, a partir de ese momento, la Sareb tendrá vía libre para proceder al desalojo de los okupas, ya sea de forma voluntaria en la visita que desde dicha sociedad tienen proyectado realizar o bien, en caso de que se encuentren con algún tipo de oposición, llevarlo a cabo por vía judicial, a través de la que esa sociedad presentó hace meses denuncia por delito de usurpación.

El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, manifestó que “nos estamos moviendo para darle una solución a esa situación de los okupas que se estaba enquistando”, precisando que si hay disposición y voluntad pro su parte se buscará una salida a su posible realojo, como se está haciendo en un caso de vulnerabilidad. A mayores, dijo que con ello también se busca acabar con los problemas de conflictividad y de seguridad ciudadana relecionados muy estrechamente con la existencia de esa okupación y de un punto negro de venta de drogas, que atrae a numerosos consumidores, algunos de los cuales llegan a protagonizar incidentes, como la “rechamante” pelea de primera hora de la noche del pasado martes.