La antigua concesionaria del servicio de basura del Concello de Ribeira, Recolte Servicios y Medioambiente S.A.U., tendrá que pagar los 67.673,68 euros  por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según falló en julio el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El asunto tiene su origen en un desacuerdo que se resolvió en primer lugar en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (TEAR), dándole la razón a la sociedad y por ello, la Consellería de Facenda interpuso un recurso judicial.  

En él, la Xunta argumentaba contra este acuerdo que el contrato se trataba de una concesión administrativa, por lo que la empresa debía liquidar la tasa correspondiente, frente a la estimación del TEAR, que entendía que la liquidación debía de ser anulada al tratarse simplemente de un contrato de gestión de servicio público. Misma tesis defendida por la mercantil, que entendía que era la administración local la que realizaba la prestación del servicio, aunque la empresa llevase a cabo la prestación material del mismo.

Así, el TSXG acabó dando la razón a Facenda, que entendía que el contrato situaba a la antigua concesionaria en situación de obtener un beneficio con motivo de la prestación del servicio público de limpieza, por lo que debía abonar los correspondientes tributos por la concesión. Con esto en cuenta, el Tribunal consideró que la suscripción del contrato “supone una transferencia patrimonial” a favor de la antigua adjudicataria, lo que dio finalmente la razón a la Xunta y obliga ahora a la mercantil a pagar dicho impuesto.

No obstante, contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.