La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó un recurso presentado por una agente de la Policía Local y ratificó un auto del Juzgado de Instrucción de Cambados por el que se acordó el sobreseimiento y archivo de una causa por prevaricación administrativa contra la exalcaldesa de Meaño, Lourdes Ucha, en relación con la tramitación de multas de tráfico, al no entregar todas las infracciones impuestas por la Policía Local a la empresa encargada de su tramitación. 

La denuncia, presentada en 2018 por esta agente de las fuerzas de seguridad, relata que la exregidora presuntamente habría decidido “caprichosamente” que las infracciones de tráfico redactadas por la Policía Local debían ser entregadas a la propia exalcaldesa, algo que, según entiende la denunciante, se trataría de una “resolución arbitraria que no responde a las normas sino que es, pura y simplemente, producto de su voluntad convertida irrazonablemente en fuente normativa particular”. Asimismo, denuncia que una vez entregadas todas las multas, Ucha no enviaría la totalidad de los expedientes a la empresa que tenía encomendada su tramitación (Recyges), de modo que sostiene que esta actuación “no solo es ilegal, sino, además, injusta y arbitraria”.

De hecho, según recoge la denuncia, los agentes contactaron con más de una persona que había sido denunciada por infracción de tráfico y les habrían manifestado que no habían recibido notificación alguna y, tras contactar con Recyges, desde la empresa les manifestaron que la, por aquel entonces, alcaldesa “les habría ordenado no aportar ningún dato a dichos agentes”.

“No concurre ilegalidad” 

Así, el Juzgado de Cambados acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que “no ha quedado debidamente justificado la comisión de delito”. Contra este fallo, la agente presentó un recurso que, a la postre, acabó desestimando la Audiencia Provincial, que entiende que en la entrega de los boletines de las multas de tráfico a la exalcaldesa “no concurre ilegalidad ni arbitrariedad”, al estar “dentro de su competencia en relación con la Policía Local”. Asimismo, concluye que “nada indica que respondiera a una actitud maliciosa” de la denunciada, ya que en un Pleno de 2018, cuando todavía era primera edil, se acordó delegar en el ORAL la recaudación de las multas de tráfico.

Ucha explicó que se limitó a continuar con el mismo trámite que se seguía con el anterior alcalde, en el que los agentes le presentaban las multas y se hacía un oficio remitiendo la cantidad de multas a la empresa Recyges, cuyo escrito era firmado por el regidor.

“Mala gestión y tramitación”

Por otra parte, la Audiencia Provincial concluye que, si bien no queda acreditado el destino de una parte de las multas, “no puede relacionarse ese hecho con la actividad de la investigada”, pese que sí afirma la “existencia de una mala gestión y tramitación” en el Concello de Meaño, algo que achaca indiciariamente “a la falta de medios humanos y materiales”.