El Concello ha interpuesto un recurso administrativo contra el cobro del nuevo canon por la gestión de la EDAR y recientemente ha recibido el último recibo, correspondiente al primer cuatrimestre del año y que asciende a 60.000 euros. A pesar de sus quejas y de las otros ayuntamientos, la Xunta ha sido taxativa, pero el alcalde, Samuel Lago, señala que aún no han valorado si continuarían por la vía judicial (recurso contencioso administrativo) en caso de rechazar su reclamación. Con todo, insistió en lo dicho cuando les llegó el primero, de 48.000 euros, que le parece “inxusto e arbitrario” y prevé que los pequeños concellos no podrán asumirlo, con lo cual “seremos nós os que fagamos o papel de malos repercutindo o custe na veciñanza”.
El regidor llegó a pedir personalmente a Augas de Galicia que no cobrase esta tasa dirigida a los ayuntamientos en los que gestiona la depuradora de aguas residuales cuando se produce un exceso de la carga contaminante en el caudal a tratar que llega a la planta. Esto puede suceder por malos funcionamientos en la red de saneamiento y pluviales como falta de separativas, entradas de agua de mar, etc. Con el fin de que sean las administraciones locales quienes asuman el sobrecoste del tratamiento y no los vecinos directamente en el recibo, en el cual, según el regidor cambadés, ya se contempla una tasa de depuración. Además, este señalaba que no se tiene en cuenta el “esforzo” que hacen los concellos a la hora de solucionar esos problemas en el sistema con obras que son muy costosas.
Asimismo hay regidores que defienden que repercute igualmente en la ciudadanía, pues el pago de esa tasa sale de las arcas locales y supone cantidades que, auguran, tendrán que sacarse de otros servicios o inversiones. En Cambados calculan que le supondrá unos 150.000 euros al año.
Este canon procede de la nueva ley del ciclo integral del agua que entró en vigor el pasado año y la propia Fegamp mantuvo esta semana una reunión con otros alcaldes descontentos y tras la cual se pidió una moratoria de las liquidaciones que Augas ya está mandando a las administraciones locales. Esto, mientras no se solucionen las “discrepancias” que se han abierto a raíz de la nueva norma, pues aseguraron que “no hubo diálogo” con los ayuntamientos. Sin embargo, la Consellería de Infraestruturas no le ve sentido y defendió que fue “sometida a un proceso de diálogo” con ellos y la propia federación y que además estuvo en información pública. Pero sobre todo, que su objetivo es “alcanzar una gestión profesionalizada del ciclo integral del agua” y que es un modelo voluntario, así que los interesados pueden gestionar directamente las EDAR; algo que muchos no quieren por el elevado coste.