El Concello de Cambados ha sacado a licitación la demolición por ejecución subsidiaria de la vivienda de la Avenida de Vilariño con orden de derribo desde hace 18 años. Los propietarios le presentaron un proyecto de legalización, pero lo desestimó y ahora debe cumplir los requerimientos judiciales que le obligan a tirar esta casa de planta baja y alta, que se realizó sin licencia. 

Fuentes municipales explican que la familia afectada ya ha abonado el coste de redacción del proyecto de demolición, pues tiene que pagar el proceso, que ha salido con un precio de 34.000 euros, ya que la orden de derribo es contra la propiedad.

Fue emitida por el gobierno local de José Manuel Cores Tourís de 2005, después de recibir la denuncia del vecino de enfrente y comprobar que estaba levantando una edificación a partir de una estructura tipo galpón sin licencia y que eran ilegalizable al “no dar frente a la vía pública”, sino a una servidumbre de paso, y “non cumprir as condicións mínimas esixidas polas vixentes Normas Subsidiarias”. Llegaron a paralizar las obras pero la orden no fue obedecida.

Recursos por inactividad

Ese vecino lleva litigando desde entonces para forzar al Concello a seguir el procedimiento, es decir, la ejecución subsidiaria, denunciando a los diferentes gobiernos locales por inactividad. La última resolución judicial al respecto llegó el año pasado, pero la administración local pidió la suspensión para que los técnicos pudieran revisar el proyecto de legalización. La solicitud de los dueños fue desestimada en diciembre y en enero, la Xunta de Goberno Local acordó formalizar la ejecución forzosa de derribo.

Defensa en los tribunales

Los afectados también se han defendido en los tribunales, pero sin éxito. De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les desestimó el año pasado un recurso donde defendían que la casa “se ajusta a la normativa urbanística vigente y que es legalizable y se ha solicitado la licencia municipal, con lo cual se demolería una obra legal y legalizable”. Uno de sus argumentos era que el vial que por aquel entonces constaba como servidumbre es hoy un camino público incluido en el inventario de viales de titularidad del Concello. También alegaban la situación de “vulnerabilidad” de sus inquilinos porque son personas mayores y con “enfermedades graves”.

“Non é o único caso”

El concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, lamentó esta situación: “É moi triste, pero estamos obrigados a acatar as decisións xudiciais”. También aseguró que “non é o único” expediente de demolición que se encontraron a su llegada al gobierno, en 2015. “Dende o departamento sempre fomos moi cautos á hora de conceder licencias e tramitar os expedientes da forma máis correcta posible, para evitar que no futuro pasen cousas coma estas. Neste caso falamos dunha obra sen licenza, pero porque funcionaba o ‘ti vai facendo’, que leva a estas cousas”. 

Asimismo mencionó que lograron corregir otras situaciones, como la “licencia mal dada” para la gasolinera de Corvillón y que se corresponde al periodo de su exsocio de gobierno de Cambados Pode. “Se non chega a regularizarse supondría unha indemnización millonaria para o Concello”, destacó.