El conflicto surgido en la Cofradía de Cambados respecto a la renovación de su asesor legal parece extenderse por la Ría. Ahora es en Vilanova donde los vocales de la Xunta Xeral críticos con el patrón mayor se rebelan contra el acuerdo alcanzado la semana pasada de prescindir del mismo abogado, Alberto Muñoz, y contratar a otro. En un comunicado aseguran que “é ilegal e nulo” y que la propia secretaria alertó de la situación en la sesión, pues primero debía ser sometido a Cabildo. Pero además, este grupo, en el que está la vicepatrona, acusa a Lino Díaz y a su equipo de “priorizar intereses partidistas por enriba dos xerais dos profesionais” y hace claras alusiones al PP.

Ayer Díaz no quiso entrar a valorar ni a aclarar estas acusaciones, por lo menos por el momento. No obstante, fuentes próximas señalan que el procedimiento seguido para la contratación del nuevo letrado es el mismo que con anteriores. Los críticos no lo ven así y censuran que se realizó sin convocatoria pública. “A dedo”, dicen directamente.

Dirección “errática”

También acusaron al patrón mayor de realizar una gestión “teledirixida” pues ven que la Cofradía “non está gobernada polos seus órganos rectores senón non por consignas ‘a distancia’ de intereses partidistas”. Pero sobre todo, aseguran que la trayectoria de la entidad desde que su equipo tomó las riendas “é errática” y que “de seguir así”, llevará al Pósito “ao precipicio”, a la “ruína económica, produtiva e financeira” y “máis pronto que tarde”, a la intervención por parte de la Consellería do Mar, manifestaron en su comunicado. 
Sobre al asunto del asesor, estos vocales relataron que el patrón propuso el cambio y que se abordó en una asamblea celebrada el día 3, pero se quejan de que no les dio tiempo ni a conocer los motivos del despido de Muñoz. 

La decisión salió adelante con 12 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, pero “en contra do criterio da secretaria da Confraría, que avisou a todos os presentes que dito acordo era ilegal e nulo porque debería ser sometido á consideración do Cabildo para que puidera ser válido”, advirtieron. También aseguraron que puso el acento en posibles consecuencias negativas por la ruptura “repentina” del contrato, que data de agosto de 2014, “sen causa e con moitos asuntos aínda pendentes de resolver, o que podería frustrar as boas expectativas existentes”.