La CIG denuncia que el Grupo Hotusa acaba de presentar un Expediente de Regulación de Emprego para toda la plantilla del Balneario Isla de la Toja, en O Grove. Son 36 personas de las que, al menos quince, serán despedidas sin opciones.
 

Y es que lo que alegan los propietarios es que reconvertirán el establecimiento, que será de temporada y no abrirá todo el año, prescindiendo de los servicios de restauración y sala, ya que solo ofrecerán desayunos, y externalizando el que le da nombre, es decir, el balneario.
 

Dicha externalización no vendrá acompañada de la subrogación de los trabajadores, sino que la nueva empresa traerá a los suyos propios. Por ello, estas quince personas (entre restauración y balneario) no podrán negociar.
 

Si se abren dos opciones para el resto de la plantilla: La reducción de la jornada, pasando de completa a parcial, o el cambio de contrato de indefinidos a fijos-discontiunos. Posibilidades ambas que el portavoz comarcal de la CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi “Tupi”, ve como “inviables”, ya que supone o acabar agotando las prestaciones por desempleo de los trabajadores, con la correspondiente disminución de ingresos, o pasar a media jornada, lo que implica también un descenso de los salarios en un cincuenta por ciento.

Próximas reuniones

“É unha fuxida cara adiante. Sabe perfectamente que a intención é eliminar ao maior número de xente posible”, señala Bouzas Aboi, que incide en que la legislación contempla que las contrataciones a tiempo parcial tienen que ser indenfinidas.
 

Además, la CIG señala que aunque el ERE se presenta por causas de producción y organización, los motivos que se esgrimen en la argumentación giran, en todo momento, sobre los costes. Ahora comienzan las negociaciones, puerta a puerta, con los trabajadores. Es decir, cada uno de ellos tendrán que decidir si se acogen a las opciones que plantea la empresa o si forman parte del ERE, que conllevaría el despido con una indemnización de veinte días por año trabajado.
 

Muchos de los empleados que ahora se enfrentan a esta difícil situación llevan más de dos décadas vinculados al establecimiento. “Con 900 euros non se come”, reflexiona Bouzas Aboi. Ahora, se inician las negociaciones. El 18 y el 25 serán las reuniones.