El juicio por el alijo de 3.800 kilos de cocaína del buque MV Karar se retomará mañana sin que se haya producido la declaración del principal testigo de la Fiscalía, un exinspector jefe de Pontevedra que está de baja médica e investigado en Murcia por supuesta relación con el narcotráfico. 

Este funcionario, al que se dirigían como “Big Boss” o “MacMillan”, estuvo durante más de dos décadas vinculado al Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia y dirigió la investigación del Karar que concluyó con el arresto del vilanovés Juan Carlos Santórum –señalado como jefe del grupo– y de los otros 27 procesados, entre ellos su hermano y un funcionario de Aduanas al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid.

Ante la proximidad de las nuevas sesiones, por ahora en los juzgados de Pontevedra al estar ocupada la macrosala de la Ciudad de la Justicia de Vigo, la abogada penalista Carmen Ventoso, que defiende a ocho acusados, está convencida de que no hay forma solvente de relacionar a los que se sientan en el banquillo con la droga del remolcador. “Leyendo lo que los medios han publicado sobre el procedimiento de Murcia y lo que se le imputa (al ex inspector), podríamos preguntarnos si llegado el momento se ha tratado de cargar a mis patrocinados el Karar y punto”, manifestó Ventoso a EFE.

A su juicio, es “revelador” cómo sucedieron las cosas. “Anunciamos antes de que sucediera, antes de entrar a juicio, que los marineros se iban a confesar culpables con la finalidad de obtener una rebaja de pena por parte del Ministerio Fiscal y así ha sucedido”, declaró. “Hemos visto cómo, preguntados por sus abogados, algunos deletreaban torpemente una palabra, que eran las supuestas coordenadas que se decía que estaban escritas en una nota supuestamente encontrada en una nave atribuida a los acusados”, añadió. No obstante, al pedir que se exhibiese la misma para ver qué figuraba en ella, dijeron “que no estaba, que se había perdido”.

Se trata de las coordenadas que presuntamente aparecieron anotadas en una nave inspeccionada y que supuestamente coincidían con las del puente del mando del buque, cuya carga, incautada, ha sido valorada en 127 millones de euros.

Detalles

Así las cosas, esta letrada cuestiona abiertamente que la acusación pueda “apuntalarse” con un bidón del que “sin análisis” se dice que tenía gasolina o con una embarcación “trasladada a plena luz del día” de la que se indica que “se estaba ocultando”.

También alude al hecho de que las declaraciones de subordinados del ex inspector jefe sean todas ellas tras un biombo. “Nunca en la Audiencia de Pontevedra se vio que todos, todos los testigos de la acusación, quieran un biombo para taparse. De ahí que alguna defensa se pregunte si el motivo es porque saben que están mintiendo, al decir que hicieron o vieron lo que no hicieron ni vieron, y no quieren que les pongan cara los acusados”, comenta Ventoso.

La causa abierta en Murcia

A la espera de qué lo que depare la continuación de este juicio, en Murcia –tras levantarse el secreto sumarial de un caso que lleva el juzgado de instrucción número siete y que llevó a la detención del ex jefe de Pontevedra, que quedó en libertad provisional con retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional–, la atención se centra en una trama que se habría enriquecido con envíos de droga a España a través del Atlántico.

Por los mismos hechos que este ex inspector gallego, fue arrestado el antiguo jefe de grupo de la Unidad contra la droga y el crimen organizado de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia. Ambos por, supuestamente, relacionarse con el contacto de los narcos, el intermediario que ejercía de nexo, al que daban protección.

Hay paralelismos y coincidencias en el tiempo entre ambos asuntos que hacen que los letrados sigan con atención un procedimiento y otro. 

En el caso del Karar, cabe recordar que el Fiscal pide 18 años de prisión y una multa de 438 millones para euros para Santórum. Para su hermano, el funcionario del SVA, su mujer y otras 24 personas, 13 años y medio y dos multas de 400 millones. Y para el trabajador de Aduanas, además de su inhabilitación, y para su esposa, seis años y 1,47 millones  por un delito de blanqueo.