8º-15º
sábado | 23 noviembre | 2024
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados da por concluida la investigación relativa a una presunta organización especializada en construir embarcaciones de alta velocidad que, red que, en 2022, dio paso a un golpe policial para su desarticulación bautizado como “Operación Munari–Cundinamarca-Tulipán”, con registros y operativos en O Salnés.
La jueza emite ahora un auto en el que ordena que se continúe la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra trece personas, por si los hechos investigados fuesen constitutivos de presuntos delitos de dirección e integración de organización criminal y de delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido realizado a través de una organización y cometido por medio de personas, entidades y organizaciones, derivándose una especial facilidad para su comisión y, asimismo, en el caso de uno de los trece investigados, si pudieran constituir, además, delitos contra la salud pública.
En dicha resolución, la jueza ordena dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
En el auto explica que, entre enero de 2021 y abril de 2022, fruto de la labor investigadora llevada a cabo por funcionarios del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Pontevedra, se tuvo conocimiento “de la existencia de un colectivo organizado de personas dedicado, de forma concertada y constante en el tiempo, a la subrepticia fabricación, equipamiento, puesta a punto, distribución y entrega de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad constitutivas de género prohibido, que posteriormente eran empleadas para la conclusión de operaciones marítimas de transporte de sustancias estupefacientes con destino a las costas españolas, obteniendo así grandes beneficios económicos”. Los miembros de esta presunta organización, según la resolución, eran “conscientes y conocedores del carácter ilícito de su actuación y de que, en última instancia, estaban contribuyendo al tráfico y consumo ilegal de drogas”.
Dentro de este entramado, según la instructora, “cada uno de sus miembros asumía unas funciones y cometidos concretos”, que desempeñaban en naves industriales.
Además, indica que el día 6 de abril de 2022 se practicaron las detenciones y entradas y registros, previa autorización judicial, en las naves industriales y en los domicilios de los investigados, donde se incautaron de embarcaciones rápidas destinadas a concluir operaciones marítimas de narcotráfico, motores, elementos de navegación, herramientas, materiales y otros útiles empleados en la fabricación y equipamiento de dichas embarcaciones, así como de dinero presuntamente empleado y obtenido con la realización de la actividad ilícita.
Además, la jueza emite un auto en el que declara en rebeldía a dos investigados (no incluidos en los trece mencionados) que presuntamente eran los adquirentes y destinatarios finales de parte de las embarcaciones construidas y preparadas en la nave de la provincia de Salamanca. Estas dos personas, según el auto, presuntamente “controlaban y disponían su recepción y botadura al mar, donde se servían de estas para la conclusión de operaciones de transporte marítimo de hachís desde Marruecos hasta las costas españolas”. La instructora también decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez investigados, procediéndose al archivo de las actuaciones respecto a ellos.
