El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra acaba de emitir una sentencia que da la razón al concejal y candidato de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, frente al Ayuntamiento, por la negativa del gobierno local a facilitarle el acceso a información municipal, como es el libro de registro de entrada y salida de documentos. La sentencia declara nula de pleno derecho la resolución de la Alcaldía de principios de año que denegaba la petición de Oubiña, al considerar que el Concello ha “incurrido en una vulneración del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución Española” al negarle este acceso al concejal opositor. 

No hay condena en costas y el fallo es todavía recurrible, pero se acompaña de un auto que articula una medida cautelar, en pieza separada, que acoge también la pretensión de Oubiña: Que la autorización para ese acceso a la documentación municipal solicitada se produzca con brevedad, “en el plazo máximo de 5 días”.

Un derecho fundamental

El recurso de Oubiña se siguió por el procedimiento especial sobre protección de Derechos Fundamentales. Tanto la Fiscalía como la jueza entienden que este derecho constitucional —de participación en asuntos públicos y acceso a función y cargos públicos— se ha visto vulnerado, como previamente había advertido el Defensor del Pueblo al Concello, tras dos quejas de Oubiña. 

Desde el Ayuntamiento se argumentó en diversas ocasiones para la negativa al concejal que sus peticiones podían chocar con la protección de datos personales, que no concretaba a qué documentos exactamente quería acceder o, concretados estos, el volumen era tal que sobrepasaba la capacidad de la administración local para una pronta puesta a disposición, debido a la limitación de personal por bajas o vacaciones. El Concello también esgrimió una posible desviación procesal, achacando a Oubiña solicitar cosas diferentes en vía administrativa y judicial, argumentos que fueron rechazados por el órgano judicial.