El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ha dictado un decreto en el que se ordena la ejecución de una sentencia firme que ordena indemnizar a una antigua trabajadora municipal. 

La falta de pago de esta suma fue denunciada hace tan solo unos días por Somos Ribadumia. El juzgado requiere ahora al Ayuntamiento ribadumiense para que, “en el plazo de un mes”, ejecute “cumplimiento de la sentencia firme de este juzgado”, “con el apercibimiento que de no hacerlo se citará a las partes de esta ejecución a una comparecencia donde podrán decidirse las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”. Advierte la sala, además, que se podrían generar intereses de demora. La resolución es recurrible, aunque aún en el caso de presentarse recurso, este no tendría efectos suspensivos, advierten. 

Somos denunció que el Concello seguía sin abonar los 30.100 euros a la empleada, “logo de cinco anos de gastos nunha loita” que creen “personalista”.