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sábado | 23 noviembre | 2024
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil dan por desarticulada la supuesta organización criminal de fabricación de lanchas rápidas para la droga, que se saldó con un total de 22 detenciones, varias de ellas en Arousa, a comienzos de mes. La investigación reveló que las naves, una vez ensambladas y listas, eran botadas en diferentes puntos de la geografía estatal, para dedicarse al transporte y entrada de grandes cantidades de estupefacientes en la zona sur de España. También que el entramado contaba con personas con una “alta especialización”, tanto para la fabricación, como para la custodia y finalización de las lanchas.
La red, aunque asentada fundamentalmente en la provincia de Pontevedra y con peso en Arousa, contaba con infraestructura en otras provincias, como A Coruña, Salamanca, Madrid, Barcelona e incluso en Portugal. Además de las 22 detenciones iniciales, se realizaron 27 registros en domicilios y otras ubicaciones de seguridad empleadas por los investigados. Hubo entradas en todas las provincias mencionadas, además de en las localidades lusas de Viana do Castelo y Valença do Miño, para lo que se contó con la participación de la Policía Judiciaria de Portugal.
Las investigaciones realizadas permitieron identificar y estructurar las funciones de los miembros de la organización criminal, “quienes vendrían realizando la fabricación de embarcaciones de alta velocidad, que son consideradas de género prohibido, en distintos lugares de la provincia de Pontevedra. Además, contaban con otra serie de enclaves en el país luso, en los que culminaban las embarcaciones”, explican las autoridades. Por último, estas naves eran dotadas del equipo necesario para su uso por los narcotraficantes en otras ciudades, añaden.
En el marco del operativo policial se ha podido localizar más de veinte embarcaciones de alta velocidad, en diversos estados de finalización, “estando seis de ellas en disposición de ser botadas de forma inminente y empleadas para realizar importantes transportes de estupefacientes”. Además, se intervinieron otros efectos, en gran cantidad, relacionados con la investigación.
De los detenidos iniciales, una decena quedaron en libertad en sede policial. El resto, una docena, pasaron a disposición judicial en Cambados, que dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para ocho y para los cuatro restantes decretó su puesta en libertad con medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorial nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos. Todos están investigados por la presunta comisión de los delitos de contrabando —continuado—, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.
La operación, bautizada como “Munari–Cundinamarca-Tulipán”, fue desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia de la Agencia Tributaria, el EDOA de Pontevedra, ECO Galicia, Greco Galicia y fue dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Cambados, así como por el Fiscal Especial Delegado Antidroga de la provincia de Pontevedra, contando con la participación de Eurojust.
En el dispositivo para las detenciones y registros se contó con el apoyo de un gran número de unidades de dichos Cuerpos, entre las que destacan, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Pontevedra, el GRS número siete de Pontevedra, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Medios Técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia, el Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil y el Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional.
