Una sentencia del Juzgado Contencioso administrativo obliga a los propietarios de un edificio de la Rúa Progreso a pagar al Concello el derribo subsidiario ejecutado a principios de 2020. Fuentes municipales detallaron que el fallo rechaza los dos recursos de reposición presentados contra las liquidaciones giradas por el Ayuntamiento a la comunidad hereditaria del inmueble por los gastos del derribo, que ascienden a 50.309 euros.

En concreto, se trata de la antigua tienda Muebles Alonso, que fue declarada en estado de ruina en 2018. El Concello le concedió un plazo de tres meses a los propietarios para que ejecutasen la demolición. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, decidió acudir a la ejecución subsidiaria de derribo y girarle los gastos ocasionados.

La magistrada recoge en la sentencia que “todo indica que se intenta evitar a toda costa cualquier gasto asociados a la ejecución del derribo” y hace “poco sincera” la reclamación de la piedra retirada o la deducción de su importe en la liquidación final. Con todo, el fallo no es firme y los propietarios pueden recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un plazo de quince días.

Cabe recordar que se trataba de un edificio de dos plantas, con una superficie de 303 metros cuadrados y una altura de 7,70 metros, situado en pleno centro del casco urbano de Sanxenxo, concretamente en la intersección de las calles Consistorio y Progreso. Llevaba ya tiempo abandonado y en un muy mal estado. De hecho, fue declarado en ruina por los técnicos municipales y se inició todo este proceso que concluyó con la demolición subsidiaria.

Caducidad de licencias

Por otro lado, el gobierno local informó de que sigue avanzando en el proceso de caducidad de licencias de ocho de las 10 edificaciones a las que está previsto iniciar un expediente de reposición de la legalidad, que en la mayoría de los casos culminará en un derribo.

Recordaron que se trata de esqueletos de cemento y hormigón que además de generar importantes casos de feísmo en el municipio, “provocan graves problemas de salubridad y seguridad”, destacaron. Una situación con la que el gobierno quiere acabar y por la que ha iniciado una revisión de todas estas estructuras que se encuentran repartidas en distintos puntos del municipio.

Algunos de los propietarios obtuvieron hace más de 30 años la licencia de obra, permiso que tiene una vigencia de tres años, pero nunca llegaron a rematarla.