La facción crítica de la Xunta Xeral ha exigido al patrón mayor, Alejandro Pérez, que ejecute la sentencia del Jugado de lo Social sobre la mariscadora del punto de cribado. También pide a la trabajadora que devuelva todas las retribuciones percibidas en virtud del acuerdo de conciliación laboral alcanzado ahora que la Justicia lo ha declarado nulo. Sin embargo, Pérez avanzó ayer que no tienen intención de cambiar la situación mientras la resolución judicial no adquiera firmeza, obligando a sus opositores a dar el siguiente paso. Fueron quienes llevaron el asunto a los tribunales. 

Lejos de estar disgustado porque la Cofradía haya perdido en esta causa –se opuso a la demanda–, el patrón mayor aseguró que están satisfechos. Detalló que si en su día alcanzó ese acuerdo en conciliación con Ana Serantes fue para evitar ir a juicio en la demanda por despido que había interpuesto pues, según los asesores legales, la imprevisibilidad de la respuesta judicial podía ser negativa para los intereses futuros del Pósito en caso de reconocerse la existencia de una relación laboral.

Según el patrón, este hipotético escenario provocaría la generación de costes laborales para el Pósito. De hecho, aseguró que la amenaza era tan real que una inspección de trabajo realizada el año pasado les indicaba que “tiñamos que ter ás persoas do punto de control dadas de alta na Seguridade Social e dábannos un prazo para poñernos ao día, o cal suporía uns gastos, no momento, duns 20.000 euros”, aseguró. Es más, afirmó que el asunto incluso mantenía en vilo a otros pósitos, pues de resolver el Juzgado de lo Social favorablemente a las pretensiones de Ana Serantes, se establecería que había una relación laboral por llevar la máquina cribadora, se sentaría jurisprudencia y así se lo han señalado los asesores. 

Con todo, insistió en que Serantes “foi apartada inxustamente” de este puesto, en el que llevaba desde 2014, y “ademais de maneira irregular, pois o acordo foi adoptado pola directiva da agrupación de a pé que no é competente para tomar estas decisións, tería que ser a Xunta Xeral”. 

Así las cosas, avanza que no van a atender las peticiones de un escrito presentado el martes por los ocho miembros de la Xunta pertenecientes al grupo del patrón mayor expulsado por la moción de censura. Esto es, retirar a Serantes de esa labor y reponer a quien la sustituyó tras su cese. Este sector crítico también reclama el pago personal de los costes judiciales y el reintegro de la indemnización de 2.000 euros del acuerdo de conciliación y todas las retribuciones que Serantes ha recibido hasta conocerse la sentencia.