El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, no acudió ni envió representación legal al acto de conciliación fijado para ayer en los juzgados de Vilagarcía a instancias de la socialista María Vales, por un tema de protección datos, el cual acabó envolviéndola en falsas acusaciones de corrupción. Una vez superado este paso previo obligado por la ley, la concejala y expatrona seguirá adelante y en los próximos días ratificará la querella al considerar que se vulneró su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. 

Preguntado al respecto, Díaz volvió a mostrarse reacio a valorar la situación, pues insistió en que “non tiven nada que ver con este tema e, de feito, non sei porqué se me cita a min porque na miña vida entrei en temas políticos”, así que “non vou perder o tempo”, añadió, señalando que lo ocupa en atender los problemas que atraviesa el sector, como la caída de la producción que arrastra la generalidad de la Ría.

Ciertamente, no consta su participación directa, pero para Vales, el patrón mayor, como máximo responsable del Pósito, es el causante de que una copia de una diligencia de investigación de la Fiscalía acabase en el buzón particular del alcalde, Gonzalo Durán, porque la raíz era una denuncia firmada por él y perteneciente al ámbito de la Cofradía, de la que es socia como mariscadora y de la que fue patrona mayor. 

Una cuestión que quedó zanjada, pues como el propio Ministerio Público reconoció, hubo un error al incluir indebidamente el nombre de la socialista. Sin embargo, la demandante sostiene que “si el patrón mayor hubiera articulado los mecanismos de protección de datos exigidos no se habría desencadenado aquella trama contra ella”, señalan desde su entorno. Y es que Vales quiere ajustar cuentas sobre aquellas manifestaciones del regidor en plena campaña, en la que era candidata a la Alcaldía, con varios días lanzando acusaciones de corrupción sobre ella en base a ese documento demostrado después como erróneo y que generó una tormenta política. 

Así las cosas,  continuará con la querella, la cual se suma a la ya interpuesta contra Durán por calumnias –tampoco se presentó a la conciliación previa–, y además pondrá los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. En ambos casos su pretensión es el reconocimiento de los hechos y que se la indemnice en la cantidad de 30.000 euros por daños morales.