Portos de Galicia ha abierto un concurso para elegir un proyecto empresarial que explote las instalaciones de la planta de engorde de rodaballo de Tragove, que lleva años sin actividad y se encuentra en estado de abandono. Ya hay interesados, pero quien se haga cargo tendrá que realizar una inversión “considerable” porque “non se atopa en bo estado” y, cuanto mayor sea, mayor será el plazo de duración de la concesión administrativa, aunque con por un máximo de 50 años. 

Según el pliego de condiciones, se dará preferencia a las propuestas empresariales que mantengan la actividad para la que fueron construidas, es decir, la acuicultura, pero admitirá otros usos acordes y complementarios, siempre relacionados con la actividad portuaria, como la producción de semilla o alevines para regeneraciones marinas, la depuración de moluscos y la reparación de buques, entre otras.

Gran proyecto de 2008

El complejo abrió sus puertas en 2008 como parte de un proyecto de la empresa Projoscar tras una inversión millonaria y la previsión de producir unas 430 toneladas de rodaballo al año. Sin embargo, y por causas que ni la empresa ni la administración quisieron explicar en detalle en su momento, la Xunta le retiró en 2015 el permiso de granja marina que necesitaba para trabajar y todo acabó desembocando en un expediente de caducidad de la concesión, que concluyó en 2022 con la reversión del espacio a Portos. 

Este incluye la zona de piscinas con siete tanques de 180 metros de longitud y que actualmente carece del cubrimiento y las máquinas necesarias para su funcionamiento. En cuanto al edificio anexo, es de 1.300 metros cuadrados y tiene una zona de oficinas, una sala de pescado, cámara de frío y de hielo, así como una de clasificación de rodaballo, un almacén y un laboratorio. La parcela tiene una superficie total de 19.000 metros cuadrados y está justo al inicio del puerto de Tragove por la carretera del Saco de Fefiñáns. 

Hasta 50 años de concesión

Según la documentación del concurso, las instalaciones precisan de “considerables” actuaciones de rehabilitación para volver a ponerlas en marcha y se permite la creación de nuevos volúmenes, aunque respetando siempre la normativa, así como el futuro Plan Especial, aún sin aprobar, pero con un borrador. De hecho, Portos prevé que será necesaria una inversión importante y la cifra influye en los años de duración de la concesión que el elegido deberá tramitar después para la ocupación de estos terrenos públicos. Así, por la aplicación de entre 50.000 y 100.000 euros, el mínimo son 15 años, que aumentan progresivamente según la cifra monetaria: Si supera los 250.000 será de 20, etc. Hasta alcanzar el medio siglo, lo que incluye todas las prórrogas posibles. En cuanto a las tasas que tendrá que pagar por ocupación y también por el desarrollo de la actividad, el cálculo que aparece en la memoria es de un total de 103.000 euros.