El Partido Popular de A Illa considera que seguir adelante con la instalación de la nave de invernada en O Aguiúncho equivaldría a instalar en tierra el puerto deportivo, el proyecto nonato que, años atrás, había causado tanto malestar y oposición en la localidad insular.
El portavoz de los populares isleños, Juan José González, hizo público en las redes del partido a nivel local una valoración de este asunto y del Pleno extraordinario forzado por su grupo hace unos días. El conservador quiso “dicirlle á xente da Arousa que, ao final, quitamos un porto deportivo do mar e botámolo en terra”, en alusión a esta nave. “Xa sabemos que tipo de embarcacións van a invernar alí, ao final é un porto deportivo en terra”, reiteró.
González insiste al ejecutivo local en lo planteado en el Pleno: Que se busque una posible fórmula o encaje legal para intentar revocar o anular la licencia municipal ya concedida, para detener así la ejecución de este proyecto, que califica de perjudicial para los intereses del sector profesional del mar en A Illa, ya que aspira a que aquella explanada pueda servir para dar servicio a la flota marisquera o mejillonera.
“O peor de todo isto é que o alcalde e o grupo de goberno saben isto hai ano e medio”, acusa. “Neste tempo, pudieron ter convocado unha xunta de portavoces”, recrimina, para que así la oposición conociese de primera mano esta iniciativa.
En lugar de eso, y a pesar de que ahora el gobierno municipal socialista muestra su oposición a esta instalación, creen que durante los meses en que pudieron realizar trámites en su contra no lo hicieron. El popular recuerda que el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero tramitó y finalmente autorizó una subvención de cerca del 50 % del coste para esta nave. Y que, a pesar de que el regidor forma parte de este órgano comarcal, “non figura ningún reparo do noso representante”, dice sobre el primer edil, Carlos Iglesias.
En este punto, también se refiere a las peticiones de informes que Portos requirió al Concello en “polo menos tres ou catro ocasións” a lo largo del procedimiento. “O Concello tiña que dicir entón que non queriamos unha nave alí, porque é antiestética e porque non é funcional para os mariñeiros e para a xente do mar”, opina González. “Pero o único que fixo o Concello foi informar a Portos que se tivera en conta o entorno e o impacto visual, que é tanto como dicirlle ‘facédea, pero con sentidiño’. Limitáronse a conceder a licencia, a cobrar a taxa e o imposto de construcións”, critica.
Desde el PP isleño, su portavoz subraya que “Portos pode tratar de ampliar a concesión á empresa”, admite, pero descarga la responsabilidad última de la autorización en el Concello. “Se nós (por el Ayuntamiento) non lle damos licencia, a obra non se fai” y “aí pecharíase o procedemento”, independientemente de lo que “queiran outros estamentos”.
Con todo, desde el ejecutivo municipal isleño recordaron ya hace unos días que la cuestión no es tan sencilla. El alcalde explicó que el gobierno local no puede negar la concesión de una licencia si el proyecto cumple con todos los requisitos legales, como así es. Negar el permiso de forma arbitraria podría incluso tener reproche penal para el ejecutivo, de ahí que, administrativamente, señalen estar atados. Otra cosa es lo político, donde el grupo de Iglesias se ha posicionado, al igual que la oposición, contra este proyecto.
El gobierno isleño señala además a Portos como responsable último, por administrarse la concesión desde suelo bajo su gestión y sus propias normas.