Representantes de las trabajadoras de la residencia geriátria DomusVi Ribadumia y del sindicato CIG comparecieron hoy para anunciar la formalización de un conflicto colectivo contra la empresa, el inicio de medidas de protesta y el estudio de acciones más duras, como una huelga. Afirman que la mercantil mantiene los salarios de la práctica totalidad de la plantilla "por debaixo do salario mínimo interprofesional", además de otra serie de incumplimientos, como el de los periodos de descanso, la compensación por festivos trabajados y el cómputo anual de horas. 

Además de la presentación del conflicto colectivo ante uno de los juzgados de lo social de Pontevedra, la siguiente medida de protesta será este viernes, con una concentración de trabajadoras ante la residencia en Ribadumia, a las 11:30 horas. 

Los comparecientes afirman que llevan "18 anos" de lucha laboral, con "mobilizacións hai cinco anos", pero sin resultados: "Pasan de nós, só engordan os seus beneficios", sostienen. Ahora, la situación empeora. 

Peores condiciones

La gota que colmó el vaso se produjo tras una reciente negociación infructuosa sobre la compensación por días festivos trabajados. Según la parte social, la propuesta de la empresa "estaba moi por debaixo do contemplado por convenio", de modo que esta vez, las representantes de las trabajadoras no firmaron. Plantarse, afirman, terminó de tensar la situación, que habría desembocado directamente en "chantaxe" por parte de la empresa, con ajustes más duros hacia las representantes sindicales, y con la aprobación unilateral de un calendario de trabajo que empeoraría las condiciones del conjunto de las empleadas. También se habría planteado compensar festivos trabajados con dinero, pero las empleadas se mantienen firmes en reclamar trabajo en festivo a cambio de descanso. 

A ello se une el supuesto incumplimiento que también denuncian en los turnos de libranzas. "Hai menos descansos". En algunos casos, con "ata nove días continuados" sin días libres, lo que ya "incumpre o establecido para o descanso semanal". Afirman que al mes la situación tampoco es mejor, con "5 días libres por 30 de traballo" y horas que se exceden también en el cómputo anual. 

Finalmente, en la cuestión salarial, aseguran que la mayoría de la plantilla "está por debaixo do SMI", con lo que tampoco habría tablas salariales efectivas, y que habría hasta "4.000 euros de diferenza ao ano" del salario de una empleada en esta empresa privada frente al mismo puesto en una pública. 

Menos atención

A todo ello suman otras dificultades, como la falta de personal, agravada por la no cobertura de bajas o de reducciones de jornada, lo que empuja a muchas cuidadoras a reducir considerablemente el tiempo que dedican a cada mayor usuario: "Teño dez minutos para atender a cada residente. É imposible", lamentaba ayer una de las trabajadoras afectadas. "Estamos ata a cona de vivir esa situación", resumía otra sin disimular un ápice su enfado. "Hai días nos que non hai enfermeira en moitos turnos, quedan dúas auxiliaries para atender a todos os residentes", una situación que tildan de complicada, en tanto este personal "non ten cualificación para tomar certas decisións" en caso de algún imprevisto médico. Y siendo únicamente dos, incluso se compromete físicamente la posiblidad de ejercer una atención adecuada en caso de crisis, advierten.

Mientras, denuncian que la empresa "aumentou o prezo aos usuarios un 18 % en dous anos", a pesar de que "o 90 % das 150 prazas son públicas", "estamos pagándoas todos". Por ello, piden también acciones a la administración pública, incluso la intervención para la gestión directa, con subrogación de las empleadas, o bien "a equiparación salarial coas empregadas das residencias públicas". 

La empresa cuenta con unas setenta empleadas, de las que hay actualmente unas veinte de baja. En parte, afirman, por el mayor desgaste, "físico e psicolóxico", derivado de unas condiciones laborales cada vez más duras. Pero también aquí "sentímonos presionadas", en tanto afirman que la empresa de la residencia ha contratado a otra al margen "da Seguridade Social e da Mutua", para "facernos outra revisión". 

También hay críticas para la inspección de trabajo, a quien acudieron "en maio do ano pasado" y que todavía "non enviou a ninguén" a comprobar las condiciones en este centro.

Para Iván Veiga, de CIG, esta situación es un nuevo indicativo "do modelo de privatización da Xunta do PP" con el sector de las residencias para mayores. "Hoxe o 75 % do total en Galicia é privado", un porcentaje que "medra cada vez máis". Esto, opina, prima "aumentar os beneficios" a cambio de la "precarización das traballadoras".