Está a punto de cumplirse un año desde que trascendió la puesta a la venta del asilo de ancianos de Cambados y el PSdeG volverá a exigir en el Parlamento que la Xunta lo compre y lo convierta en público o que construya una residencia. 

La diputada Paloma Castro ha presentado una batería de iniciativas en este sentido, para dotar a la comarca de un servicio público del que carece, pues como ella misma recordó, solo existe el centro de la empresa DomusVi en Ribadumia con 164 plazas. 

Una “coincidencia”, dice,  que usa para sustentar sus acusaciones de que “semella que a Consellería de Política Social está máis preocupada por protexer o negocio dunha empresa privada –aos seus amigos– que de prestar un servizo público de calidade á cidadanía galega”. De hecho, considera que lo “prioriza” y “así o demostrou ao renunciar a construír unha residencia en cada una das grandes cidades galegas”, añadió. 

Los socialistas se alinean con la propuesta municipal: que la Xunta compre el Pazo de Monte Sacro a la orden religiosa propietaria –pide casi cuatro millones– o que construya una residencia. El Concello incluso está dispuesto a comprar y aportar los terrenos necesarios con tal de que una comarca con más de 100.000 habitantes disponga de esta atención pública. Pero la Xunta “leva máis dun ano facéndolle a cobra”, lamenta Castro, recordando su “silencio” ante las llamadas, cartas e incluso una visita “sorpresa” realizada por el alcalde, Samuel Lago, para hablarlo en persona. 

En uno de estos debates parlamentarios sobre el asilo, Política Social ya dejó meridianamente claro que no iba a comprar este bien, también de gran valor histórico y artístico. De ahí el plan B de construir algo nuevo. 

La parlamentaria socialista también se quejó de que el gobierno del PP “siga a día de hoxe sen presentar un modelo de residencias públicas cando Galicia é a cuarta comunidade autónoma con menos prazas de residencias para maiores”. A esto sumó las “inasumibles listas de agarda que empuxan aos galegos ás residencias privadas “ y dio cifras: uno de cada cuatro ciudadanos tienen más de 65 años, pero “só hai prazas para o 2,84 % por cento e só o 14 % por cento das 22.000 prazas son públicas”.