El gobierno local de Vilanova aprobó hoy en solitario la adhesión del Concello a un plan de pago de proveedores que le permitirá abonar facturas antiguas hasta un máximo de 570.301 euros mediante un préstamo del Estado. Lo hizo en un Pleno polémico, convocado con menos de 20 horas de antelación para la oposición y sin el habitual aviso de cortesía a los medios de comunicación. De hecho, el PSOE abandonó la sesión y después anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria.
A parte de ver una intención oscurantista, los socialistas no ven la urgencia, pues había plazo hasta el día 10. Pero sobre todo les parece “ilegal” y un auténtico “atropello democrático” ante quienes también fueron elegidos por los vecinos, pues denunciaron que ni siquiera tuvieron tiempo para examinar la documentación. De hecho, pidieron que se aplazara, pero el grupo del PP “fixo oídos xordos”, así que los concejales que pudieron acudir con tan poca antelación, se levantaron.
Tampoco les parece urgente adherirse a este plan –que en el caso de Vilanova es voluntario–, pues supondrá elevar el nivel de endeudamiento del Concello, que sitúan en 5 millones de euros, o lo que es lo mismo, “2.300 euros para cada familia media vilanovesa”, apuntaron.
Los socialistas creen que “hai outros medios como a redución do gasto, sobre todo no capítulo de salarios do gabinete de Alcaldía, que ten o custo máis alto da comarca e posiblemente de Galicia na súa categoría”, añadieron. Sobre todo, porque los considera “os responsables de ocasionar o endebedamento” y de una “mala xestión”. Sin embargo, aseguran que en el apartado de gastos del plan de ajuste necesario para acogerse a esta medida “queda claro” que no se producirá este tipo de reducción.
Estos planes de pago a proveedores son una herramienta dirigida a ayudar a los concellos a financiar viejas facturas a cambio de la aceptación de una operación de préstamo con ventajas financieras, eso sí, pero que se tiene que devolver al Fondo de Financiación a Entidades Locales mediante retenciones de su participación en los tributos del Estado. Según datos oficiales, el importe máximo financiable para Vilanova es de 570.301 euros.
El PSOE prevé que esta operación va a suponer tener que “manter os impostos ao máximo permitido”, como el caso del IBI, y “ao ritmo que se vai de endebedamento, o máis probable será unha nova suba de impostos e taxas”, auguran.
Preguntado al respecto, el alcalde, Gonzalo Durán, destacó que se trata de un mecanismo del “gobierno socialista de Sánchez” y que servirá para “liberar dinero para hacer obras necesarias que mejoren la calidad de vida de los vecinos”. También negó, una vez más, que el Concello atraviese dificultades financieras, asegurando que tiene 1,2 millones “en el banco”.
Respecto a la marcha del PSOE, les acusó de “hacer el indio” y de actuar así porque “no quieren que se haga nada”. Además calificó la intervención de su portavoz, Javier Dios, como su “último canto de cisne, porque ni los suyos lo quieren”.