Las reestructuraciones empresariales son una estrategia común para mejorar la eficiencia y solidez de una compañía. Fusiones, escisiones, canjes de valores o aportaciones no dinerarias permiten reorganizar recursos, adaptarse al mercado y facilitar el crecimiento. Sin embargo, estas operaciones están bajo el escrutinio constante de la Agencia Tributaria, que busca evitar un uso abusivo con el único fin de reducir la carga fiscal.

La legislación ofrece incentivos fiscales para estas operaciones cuando responden a motivos económicos válidos. En teoría, si la reestructuración se lleva a cabo con una finalidad empresarial legítima y no exclusivamente para obtener ventajas fiscales, no debería haber problemas. Pero en la práctica, Hacienda puede interpretar que el objetivo principal es reducir impuestos y, en consecuencia, recalificar la operación como una maniobra de elusión fiscal.

El criterio de la Agencia Tributaria.
Uno de los puntos clave es el principio de motivo económico válido, un concepto que, aunque recogido en la normativa, deja margen para interpretaciones. La empresa debe justificar que la reestructuración responde a razones operativas o estratégicas, como la especialización de unidades de negocio, la entrada de nuevos inversores o la reducción de costes administrativos.

El problema surge cuando la Agencia Tributaria considera que el beneficio fiscal obtenido supera la finalidad económica de la operación. Si detecta indicios de que la reestructuración no tiene una justificación suficiente más allá del ahorro impositivo, puede actuar y exigir el pago de los impuestos dejados de ingresar, con sus correspondientes intereses y posibles sanciones.

Las consecuencias de una mala planificación.

Si Hacienda impugna la operación, la empresa puede enfrentarse a ajustes fiscales significativos. Por ejemplo, si una escisión parcial ha permitido diferir el pago de impuestos sobre plusvalías, la Agencia Tributaria puede recalificarla y exigir el pago inmediato de esas cantidades. En casos extremos, podría considerarse un supuesto de simulación, lo que agravaría las consecuencias.

Las sanciones pueden ser cuantiosas, especialmente si la Administración considera que ha habido una conducta dolosa o fraudulenta. Además, una inspección puede alargar los procedimientos durante años, generando incertidumbre y un impacto negativo en la estabilidad financiera de la empresa.

Cómo evitar problemas con Hacienda.   

 Para minimizar riesgos, es imprescindible una planificación fiscal rigurosa y bien documentada. Algunos aspectos clave incluyen:

   1. Documentación exhaustiva: Es fundamental contar con informes económicos que justifiquen la necesidad de la reestructuración más allá del ahorro fiscal.

   2. Valoración independiente: En algunos casos, un informe pericial sobre el impacto financiero y operativo de la operación puede reforzar la justificación.

   3. Comunicación con la Administración: Si la operación es especialmente compleja, se solía solicitar un informe vinculante a la Dirección General de Tributos puede ayudar a anticipar posibles objeciones de Hacienda, pero realmente en este momento las consultas relacionadas con este tema no están siendo contestadas por la Administración, debido a que el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)  sobre la aplicación del régimen fiscal especial sobre fusiones, escisiones y otras operaciones societarias (FEAC) ha ido modificando su postura.

   4. Asesoramiento especializado: Un error en el planteamiento puede tener consecuencias graves. Contar con expertos en fiscalidad y extremar la cautela permitirá diseñar la operación minimizando riesgos de una posible regularización.

Las reestructuraciones empresariales son una herramienta fundamental para la evolución de los negocios, pero no están exentas de riesgos fiscales. Hacienda analiza con detalle estas operaciones para detectar posibles abusos, y su criterio no siempre coincide con el de las empresas. La clave para evitar problemas radica en una planificación meticulosa, una justificación clara y un asesoramiento especializado que garantice la solidez de la operación. En un entorno de creciente control tributario, anticiparse a las objeciones de la Administración puede marcar la diferencia entre una reestructuración exitosa y un problema fiscal de gran magnitud.

*Noelia Puceiro es la directora de INTER Asesoría