La Consellería de Medio Ambiente ha hecho público en informe ambiental de un plan de ordenación urbanística que afecta a una zona del barrio de Barnal. Está promovido por propietarios de los terrenos y tramitado desde el Concello de A Illa, como autoridad competente. 

Su objetivo es completar la trama urbana del municipio. La propuesta incluye la definición de una zona para usos residenciales  de 2.196 metros cuadrados en los que se podrán edificar hasta siete viviendas con una altura máxima de siete metros, además de un vial de acceso desde esta calle, que incluye cuatro plazas de aparcamiento público, y una zona verde en el centro del ámbito de 183 metros cuadrados.

Condiciones

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade se ha pronunciado favorablemente respeto a este Plan especial de reforma interior del área de repartición número 35 (PERI) que es de 2.929 metros cuadrados de superficie. En su resolución señala que a partir de la documentación presentada por el promotor –los propietarios se han constituido en comisión gestora– “non se prevé” que “teñan efectos ambientais negativos”. No obstante, detalla una serie de recomendaciones y condiciones a introducir, resultantes también de las consultas a otras instituciones y organismos. 

Así, señala que el diseño de los espacios libres (mobiliario, jardinería, pavimentos, etc.) deberán elegirse procurando “unha boa calidade paisaxística” y debe quedar recogido específicamente en el PERI. Asimismo recomienda establecer unas condiciones tipológicas, estéticas y constructivas “orientadas a que as edificacións presenten unha composición coidada”. 

También expone que debe quedar garantizado el abastecimieto de agua, el saneamiento y la gestión de pluviales conforme a criterios de sostenibilidad y la planificación hidrológica. Y que el plan deberá incluir de “forma explícita a zonificación acústica de superficie de actuación” en cumplimiento de la legislación vigente.

El informe ambiental estratégico perderá su vigencia si este Plan especial no se aprueba en un plazo máximo de seis años, según la resolución.