los gobiernos de España, a diferencia de otros países, dejaron la vivienda y el urbanismo en manos de especuladores. Zapatero quiso abordar el problema de vivienda y creó el Ministerio sin resultados. Le sucedió el gobierno del PP y lo eliminó. Ahora el gobierno de Sánchez volvió a crearlo. Es función de los gobiernos resolver el problema de la vivienda. Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y los ayuntamientos deben promover y aportar suelo batato, pero se dedicaron a recalificar terrenos a medida de los especuladores les regalaron el 10% que les correspondía. La escasez de suelo y su alto valor influye en la carestía de la vivienda. El suelo no se fabrica y aunque tenga dueños, quien lo recalifica es la administración, dándole un valor  sobrevenido que no tenía, por lo que ese valor debe recaer en beneficio de la vivienda pública para que salga más barata.      

  Las recalificaciones y desarrollo urbanístico se basó en el tráfico de influencias dando lugar a la corrupción, por eso, en los pactos municipales todos querían quedarse con urbanismo. En muchos casos convirtieron lo rústico en urbanizable con agravio para los colindantes que vieron como la finca de al lado le tocó la lotería mientras la suya se quedó en medio sin recalificar. En los planes urbanísticos influyeron personas ajenas al bien común, por eso vemos líneas en zigzag en planos dejando espacios dentro del núcleo que prohíbe edificar por no tener influencia. Los redactores de planes se dejaron influir por constructores prohibiendo construir en el rural para que la gente comprara pisos en el centro urbano. Para evitar la arbitrariedad recalificando terrenos rústicos en urbanos se evitaría usando figuras geométricas, circunferencia, rectángulo, triángulo, cuadrado, etc, perimetrando  por las últimas casas del núcleo, y todo lo que queda dentro declararlo urbano. El suelo es del propietario, pero el valor de la la recalificación se la da la administración pública, que es de todos, mientras que ahora es de unos pocos, que normalmente sobornan para conseguir sus objetivos. Y luego lo paga quien puede comprar.

Mientras el suelo y la vivienda estén en manos especuladoras y fondos buitre no habrá vivienda para todos. La Constitución de 1978 en su artículo 47 dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. Para que la comunidad participe en las plusvalías que generó la acción urbanística de interés público”.

Todos los gobiernos pasaron por alto cumplir la Constitución perjudicando la vida de la gente, a diferencia de otros países, que no permitieron la especulación y vinieron a España a crear la burbuja inmobiliaria del 2008. Como prueba ahí está el ayuntamiento de Madrid que construyó miles de viviendas con fondos públicos y luego las malvendieron a fondos buitre dejando en la calle a los inquilinos. Si los gobiernos emplearon los fondos públicos en viviendas, en vez de obras faraónicas sin utilidad por innecesarias, no tendríamos escasez de vivienda.

La Asociación de Geógrafos contabilizó que en España en las dos últimas décadas se invirtieron más de 90.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, y se prevé que aún puede llegar a 97.000 millones por compromisos adquiridos por las administraciones. A esto hay que sumar los 60.000 millones del rescate de las cajas por corrupción política.