El Defensor del Pueblo recibió cuatro denuncias desde las comarcas de O Salnés y Ulla- Umia por abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia. Así aparece recogido en el informe que Ángel Gabilondo entregó hace unos días a la presidenta de las Cortes, Francina Amengol.
 

Un documento de 777 páginas, que recoge testimonios, recomendaciones e incluye un anexo de localizaciones. Es allí donde se puede comprobar que entre las denuncias se encuentran la que se presentó por un presunto abuso que habría tenido en el colegio Anexo de Vilagarcía. El informe especifica que el centro antes se llamaba José Antonio Primo de Rivera, lo que muestra que se trataría de un caso antiguo.
 

Cabe destacar, en este sentido, que se trata denuncias que en muchos casos no se han judicializado ni se han presentado y que también se incluyen algunas que ha habrían prescrito. Ninguno de estos aspectos se tuvo en cuenta en el informe del Defensor, que pretende ser una vía de liberación para “una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.
 

Se trata de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, que podría ser tanto de eclesiásticos como, por ejemplo, de miembros del cuerpo docente relacionados con esta institución. En Caldas, se registró una denuncia en el Seminario Menor de los Somascos.
 

También aparece en el informe de Gabilondo una denuncia por uno de los casos más mediáticos de los últimos años: Los abusos por parte de un profesor durante un campamento de los Salesianos en Cambados. El hombre fue juzgado y condenado, aunque en estos momentos se encuentra huido de la justicia.
 

El último de los casos que recoge el extenso informe del Defensor del Pueblo vinculado con Arousa se registró en una vivienda en O Grove.
 

Un acto de reparación

A nivel nacional, el informe indica que un 0,6 por ciento de la población española mayor de 18 años habría sufrido abusos sexuales en la Iglesia, por parte de algún sacerdote o religioso. El Defensor del Pueblo señala que la respuesta de la Iglesia, al menos a nivel oficial, estuvo caracterizada, durante mucho tiempo, por la negación o minimización del problema y que las víctimas se vieron sometidas a “presiones y a reacciones de representantes” de esta institución. En cualquier caso, el informe hace hincapié en que la Iglesia es plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas.
Gabilondo propone además una veintena de recomendaciones, como la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las vícitmas; la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones o diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido. También plantea que la Iglesia debe ayudar a las víctimas o familiares, ofreciendo tratamiento cuando lo requieran y que se abran sus archivos.