Carlos Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, ha negado en el juicio contra él haber defraudado 19 millones de euros a Hacienda en 2001 al no tributar la venta de varios terrenos en Madrid alegando que tenía la residencia fiscal en Panamá.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este martes la vista oral contra el hermano del cantante, en el que el acusado ha rechazado contestar a las preguntas de todas las partes, incluidas las de su abogado defensor.

Solo cuando el presidente del tribunal le ha preguntado si se consideraba responsable de los hechos que se le imputaban, el acusado se ha limitado a responder: "No soy responsable".

La Fiscalía solicita para Iglesias cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 98,2 millones de euros por un presunto delito contra la Hacienda Pública. También solicita la misma pena para un segundo empresario, si bien éste ya ha fallecido.

Por su parte, la acusación ejercida por la Abogacía del Estado pide que sea condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa equivalente al monto defraudado, al considerar que el acusado también cometió un delito de blanqueo de capitales y tampoco tributó el Impuesto de la Renta de No Residentes.

No obstante, finalmente el objeto del juicio será solo la defraudación del Impuesto de Sociedades en el ejercicio de 2001, tras la venta de unos terrenos en Vicálvaro (Madrid) por la entidad Rolimpa Trading Corporation, que pertenecían a una mercantil que era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias, a dos sociedades españolas por un importe total de 46,2 millones de euros.

El Ministerio Fiscal cree que "con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito", Carlos Iglesias no declaró el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil, que se declaraba residente fiscal en Panamá, ni tampoco tributó por las ganancias obtenidas en esta operación.

Además, no cree acreditado que el acusado sea residente fiscal en Panamá y sostiene que ha pasado "temporadas en España, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación", de modo que "ha de considerarse residente fiscal en nuestro país".

Por ende, agrega el fiscal, Rolimpa Trading Corporation debería considerarse residente fiscal en España y que, como tal, estaba sujeta al Impuesto de Sociedades del 2001 y no al Impuesto de la Renta de No Residentes.

En el juicio han declarado como testigos el notario que firmó la transacción de los terrenos y la presidenta de Puerta de Pedroches Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas, la entidad compradora, quienes han negado conocer a Carlos Iglesias.

El notario ha asegurado que supervisó las operaciones con especial "celo" al tratarse de una sociedad panameña, donde "hay sociedades opacas que pueden ser mal utilizadas", y que los pagos fueron realizados con préstamos hipotecarios de Caja España.

Al inicio del juicio, el letrado defensor ha solicitado la suspensión del mismo alegando dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se ha ido aplazando a lo largo de los años, máxima que ha sido rechazada por la Sala.