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viernes | 22 noviembre | 2024
Los intentos de estafas "online" a través de supuestas plataformas de inversión van en aumento en España, donde parecen haberse cebado grupos criminales que, con el reclamo de grandes rentabilidades, han modernizado timos clásicos como el del tocomocho o la estampita.
Durante el segundo trimestre de 2022 se ha registrado un descenso global de los intentos de fraude "online" del 14 % respecto al mismo período de 2021, pero en España han aumentado un 12 %, según recoge el informe de fraude de la compañía TransUnion, que revela que los casos más habituales tienen que ver con el robo de identidad para cometer una estafa.
El brigada Antonio Cruceira, responsable del Equipo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil de Navarra, que el año pasado recibió 26 denuncias por este motivo, ha explicado a EFE que la llegada de las criptomonedas y los CFDs (contratos por diferencia) ha supuesto que muchos usuarios intenten conseguir una rentabilidad a sus ahorros a través de esas plataformas de inversión.
"Pero tenemos que tener mucho cuidado en qué plataformas elegimos para invertir nuestro dinero, porque hay muchas veces que son chiringuitos financieros que están creados única y exclusivamente para quedarse con todo nuestro dinero", advierte.
La estafa habitualmente comienza cuando una persona, al buscar en el móvil información sobre dónde invertir su dinero, de inmediato recibe publicidad de estas plataformas, que le piden sus datos personales y se ponen en contacto con ella a través de un teléfono que comienza por +44, aparentemente del Reino Unido.
La plataforma fraudulenta aconseja entonces una inversión inicial de unos 250 euros y, para abrir una cuenta de usuario, pide a la víctima documentos personales como una fotografía del DNI por ambas caras, algún recibo y en ocasiones un selfi con un texto manuscrito en el que se les autoriza a operar en nombre del supuesto inversor.
Aparentemente, esa aportación de 250 euros va generando grandes beneficios por inversiones en productos como oro, plata, petróleo o criptomonedas, y es entonces cuando se pide a la víctima que invierta más cantidad de dinero. Pero ésta es solo la primera estafa.
A los dos o tres meses, cuando la víctima quiere recuperar todo o parte de su dinero, la plataforma le comunica que antes debe abonar impuestos o una penalización por permanencia. En caso de que se abone esa cantidad, el dinero nunca llega a su destinatario. Segunda estafa.
Pasado un tiempo, unos dos meses, el grupo criminal vuelve a contactar con la víctima haciéndose pasar por un despacho de abogados que dice representar a los afectados y pide una provisión de fondos de 4.000 o 5.000 euros para defender los derechos del inversor, que de esta forma es estafado por tercera vez.
Aproximadamente un 85 % de las víctimas son hombres y un 15 % mujeres. Normalmente las plataformas de inversión están creadas en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, donde la legislación interna del país protege al sector bancario y no proporciona información sobre productos financieros. "El denunciante en la mayoría de los casos no sabe ni dónde ha llegado a invertir", afirma Cruceira.
La Guardia Civil, una vez recibida la denuncia, se pone en contacto con la víctima, investiga dónde se crearon esos dominios de internet, comprueba si hay alguna advertencia de la CNMV sobre esa plataforma, estudia comentarios al respecto de páginas especializadas, las cuentas bancarias a las que se ha enviado el dinero (normalmente de terceros países) y los teléfonos desde donde se ha llamado a la víctima.
Pero la investigación es complicada. "Vivimos en un mundo globalizado y eso tiene su parte positiva y su parte negativa. La negativa es que policial y judicialmente, aunque se están dando pasos de gigante en ese sentido, no hay la misma agilidad" que con otros delitos, apunta el responsable del Equipo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil de Navarra.
Cruceira reconoce que en estos casos "la víctima lo tiene difícil para recuperar su dinero". Desde la Guardia Civil se suele recomendar a las víctimas que constituyan una plataforma de afectados en España, contraten un despacho de abogados que les represente y presenten una demanda colectiva en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que "es el que verdaderamente tiene músculo para perseguir este tipo de delitos fuera de nuestras fronteras", resalta.
La Guardia Civil hace una serie de recomendaciones a los ciudadanos para evitar ser víctimas de estas plataformas de inversión fraudulentas, entre ellas consultar los organismos oficiales reguladores estatales (la CNMV en España) y europeos, que publican periódicamente webs que operan con irregularidades o sin regulación.
También aconseja buscar opiniones y reputación de la plataforma en internet antes de realizar inversiones, desconfiar de páginas web de reciente creación, revisar la página web, ya que a menudo contiene errores ortográficos, sospechar de las ofertas de grandes rentabilidades y no hacer nunca inversiones en páginas que tengan la sede social en paraísos fiscales.
Todas estas recomendaciones se pueden resumir en una: tener sentido común. "Si en tu vida analógica alguien te para por la calle y te pide tus documentos personales, no se los das, y en la vida digital debe ser igual", concluye Cruceira.
