Los dos agentes bancarios de Pontecesures acusados por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida alcanzaron ayer un acuerdo con parte de los afectados tras una negociación que se prolongó durante toda la mañana. Pese a ello, el juicio tendrá que celebrarse ya que no todas las víctimas han suscrito este pacto. De hecho la Audiencia de Pontevedra había fijado para ayer el inicio de la vista oral.
La pareja, que colaboraba con una entidad bancaria fijada en la localidad, está acusada de estafar con reintegros fraudulentos o la contratación de productos casi un millón de euros a más de cuarenta clientes, tanto particulares como empresas.

Dicha negociación, llevada a cabo entre la defensa de los procesados y las acusaciones de 19 particulares y la Fiscalía, se prolongó durante cuatro horas, alcanzando un acuerdo de conformidad para esta causa, que seguirá adelante a través de las acusaciones del resto de afectados.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge a más de 40 afectados, de los que más de la mitad reclaman la devolución de los importes sustraídos. En total, solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión, una multa de 4.400 euros y la devolución de más de 620.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Cabe señalar que el Banco Santander, entidad con la que colaboraban los acusados, ya abonó a los perjudicados una cantidad de 482.625 euros.

El escrito de acusación recoge que la acusada era agente colaboradora de la oficina, mientras que su pareja operaba como responsable de contratación de seguros en esta entidad. Ambos emplearon esta posición, y el acceso a datos de los clientes, para ordenar retiradas y reintegros en efectivo o contratar productos como tarjetas de crédito, que posteriormente empleaban para retirar dinero.