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lunes | 7 abril | 2025
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ejecutó en la última década 129 actuaciones en las comarcas arousanas y el Ulla-Umia por obras y estructuras ilegales. Esto incluye el derribo de alguna primera residencia terminada o en construcción; muchas viviendas prefabricadas, otras de pequeño tamaño y casetas utilizadas como casa de verano o de fin de semana, pero también galpones y chiringuitos, y la retirada de un número significativo de caravanas aparcadas permanentemente en fincas e incluso casetas de obra y remolques de camión con uso residencial.
La agencia realiza inspecciones frecuentes en aras de hacer cumplir la legislación urbanística en materia de suelo rústico, así como en otras competencias que les delegan los concellos adheridos y que en Arousa y el Ulla-Umia son solo siete de los 20 que las conforman. Pero la entidad adscrita orgánicamente a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas también controla la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), que es donde se produjeron una gran parte de las infracciones cometidas en O Salnés y O Barbanza.
Por concellos, Sanxenxo encabezó el ranking de mayor cantidad de intervenciones en los últimos diez años con un total de 27. Una mayoría eran construcciones tipo casas prefabricadas –acomodadas para usar como residencia de verano o fin de semana– excepto en el caso de dos en plena edificación y de gran tamaño e incluso con varias plantas, una de ellas en Noalla. Asimismo se retiraron varias estructuras para usos hosteleros, a modo de chiringuito de playa, como uno que estaba en Bascuas.
En este municipio, y en general, los años donde se registró más actividad de la APLU se concentraron en el periodo de 2014 a 2018, mientras que en el último lustro bajó, contabilizándose poco más de una actuación por anualidad. La última de Sanxenxo se realizó en diciembre del año pasado y era una vivienda prefabricada y en su listado de infracciones también había alguna caravana aparcada permanentemente en fincas próximas al litoral.
La retirada de estos vehículos abunda en los expedientes incoados por la Xunta en estas zonas. De hecho, las cinco intervenciones realizadas el año pasado en Vilanova fueron por esto. Para esta villa, 2023 fue el ejercicio con más actividad y sumó un total de 20 en la última década, destacando la demolición de una vivienda unifamiliar de dos plantas ubicada en terrenos rústicos no urbanizables de San Miguel de Deiro y en la que vivía una familia desde hacía siete años.
Los propietarios incluso abonaban el IBI y tenían la esperanza de que el desarrollo de un PXOM municipal o los cambios urbanísticos introducidos durante esos años la salvaran, pues en el núcleo hay otros inmuebles, pero finalmente la agencia ejecutó la orden con la previsión de reclamarles el coste de 70.000 euros a lo que se sumaron las sanciones abonadas anteriormente.
Porque una vez resuelto el expediente y dictada la orden, se abre un periodo de ejecución voluntaria que si se supera conlleva multas coercitivas que son reiteradas cada mes y sucesivamente incrementadas. En materia de urbanismo, la primera es de 1.000 euros y así hasta los 10.000 de la quinta y siguientes. En cuanto a terrenos del DPMT, son de un máximo del 20 % de la sanción fijada según la infracción cometida recogida en la Ley de Costas.
Pasado un año desde que el acto adquiere firmeza –administrativa o judicial– se procede a la ejecución forzosa, aunque ya hay una parte importante de propietarios que no llegan a este punto. Con todo, no son pocos los que acaban acudiendo a la justicia, pasando años envueltos en litigios que, en pocas ocasiones, resultan favorables a sus intereses. Hay un caso destacado en la comarca de O Salnés: el de la urbanización de Raeiros, en O Grove. Los tribunales se han pronunciado en contra de los propietarios en más de una ocasión, confirmando la decisión de la APLU que se dictó hace justamente una década, aunque abrió el primer expediente en 2007, pues el complejo se construyó sobre suelo rústico de protección de Costas con una licencia de apartahotel, pero en realidad se hicieron 52 chalés.
O Grove también fue escenario en estos años de uno de los casos personales más complicados, con una familia condenada a pagar el derribo, a seguir abonando la hipoteca constituida en su día para levantar la casa y teniendo que asumir la compra o alquiler de un nuevo hogar. Sin embargo, hay bastantes casos de infracciones tipificadas como graves y la APLU actúa porque “o solo –o territorio– é un recurso natural escaso, non renovable e extraordinariamente valioso que dá soporte físico á vida, aos asentamentos de poboación, aos centros de produción de bens e servizos e a todas as actividades humanas”, señala en su portal web.
Para ello, el ente dispone de varias funciones. Está formado por un equipo multidisciplinar de funcionarios especializados y con formación técnica y jurídica. Por un lado, está el grupo de inspectores, que incoa los expedientes e instruye los procedimientos, además de ofrecer asesoramiento y asistencia. Y por el otro están los subinspectores que, entre otras cosas, realizan las tareas de inspección y vigilancia de los actos de edificación y uso del suelo y levantan el acta, denuncian e investigan las posibles infracciones, además de encargarse de ejecutar las órdenes de precinto y de informar a los particulares. No obstante, la denuncia puede partir de autoridades locales, policiales, etc. E incluso de particulares, como ha sucedido en alguna ocasión.
Su objetivo es la reposición del suelo a su estado original de legalidad y con ello también contribuye a la lucha contra el feísmo. Hay una buena cantidad de casos de construcciones de bloques y de otros materiales tipo galpón, así como edificios a medio construir precisamente por órdenes de paralización ante la infracción u otros motivos, remolques de camiones, casetas de obras... Que salpican terrenos rústicos y junto a litoral. Pero también hay porches de viviendas y otros añadidos ilegales de inmuebles y hasta carpas y piscinas de plástico de gran tamaño.
Volviendo al ranking de intervenciones realizadas en la última década, el resto de puestos lo ocupan: A Illa (12), Cambados (11), O Grove (10), Moraña (7), Meis, Cuntis y Boiro (cinco cada una), Vilagarcía, Catoira, Caldas y Portas (cuatro cada una), Rianxo (3), Meaño, Valga y Ribeira (2) y Ribadumia y a Pobra (1 cada una). Esto no significa que en estos años no se hayan producido algunas más, pues en esta cifras aportadas por la Axencia de la Xunta no consta la actividad directa de todos los ayuntamientos.
