El Plan Nacional sobre Drogas prepara una nueva subasta de bienes decomisados por tráfico de drogas y delitos relacionados cuyos fondos se destinarán a programas de rehabilitación a toxicómanos y a prevención. La recaudación se sumará a los más de 4,5 millones de euros que ha ingresado en los últimos años por la venta de propiedades de arousanos tan conocidos como Pelopincho, Patoco, Marcial Dorado y Parido o al vigués Culebra, entre otros que operaban en las Rías Baixas.

15 millones de patrimonio

La gestión de estos procesos no es tarea sencilla. El Fondo adolece de personal suficiente para tramitar la ingente cantidad de propiedades que viene recibiendo y esto provoca en muchas ocasiones retrasos para ponerlos a la venta hasta el punto de darse el caso de tener que renunciar a algunos, como sucedió con el ribeirense José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho. El Estado tuvo en su poder 15 millones de euros en fincas, casas, naves industriales, bajos comerciales, etc. Sin embargo, muchos perdieron valor, un mal común. Los largos procesos judiciales –es necesaria una sentencia firme– hacen mella en las propiedades inmuebles, pero además, el Fondo se encuentra a veces con cargas hipotecarias u de otro tipo, como unos inquilinos con derechos de alquiler, difíciles de resolver. Con todo, sí se logró comercializar y encontrar comprador para muchas de sus viviendas y locales ubicados en Cesures, Ames, Rianxo, Padrón, Ribeira, Caldas, Vilagarcía, etc.

Reclamaciones judiciales

Todo esto cuando no se interponen reclamaciones que paralizan los procedimientos. Sucedió en el caso del isleño Marcial Dorado, cuya lista de bienes incautados se aproxima a los 200 y por el momento el Estado ha podido vender poco más que unas fincas en su villa natal, otras en Ávila, un ático en Baiona y la Casa Jaureguízar, en pleno centro de Vilagarcía y que fue adquirida por su Ayuntamiento como futuro centro social por algo más de 170.000 euros. Así las cosas, la lista aún es larga y en ella destaca la casa familiar de A Illa y un céntrico parking en la capital arousana.

Aunque para litigios, el de las hijas de Laureano Oubiña reclamando la parte de Pazo Baión heredada por vía materna –Esther Lago falleció sin haber sido condenada–, el que se convirtió en emblema de la lucha contra el narcotráfico por una imagen de las madres antidroga exigiendo justicia a sus puertas. El Estado dio por zanjado el asunto en 2019, once años después de que la bodega Condes de Albarei lo comprara por 15 millones de euros para convertirlo en un emblema del enoturismo de la DO Rías Baixas. Ya correspondiente a los últimos años, el Plan vendía en 2017 la casa familiar del cambadés en Vilagarcía.

Más de 100 propiedades

Numeroso también es el patrimonio ingresado en el Fondo de Bienes Decomisados en relación con la investigación patrimonial Houdini, iniciada en 2010 y que a su vez derivó en Tabaiba, en la que se desarticuló la banda de lancheros liderada por Manuel Abal Feijóo, Patoco,hasta su muerte por un accidente de moto en 2008. La justicia ordenó el embargo de más de un centenar de inmuebles y en 2019 se empezó con la subasta de una decena de lotes de los cuales se consiguió vender la famosa discoteca Pirámide y un hotel, ambos en Portonovo, por destacar las más caras, pues se adjudicaron por 213.000 y 365.000 euros, respectivamente. Pero también se vendieron varias viviendas en Sanxenxo y multitud de garajes y trasteros. Precisamente del cambadés son unos garajes que se subastarán en el proceso que está abierto ahora mismo a ofertas y en el que hay otras propiedades (son 18 lotes) ubicadas también en Arousa.

En la última década, aproximadamente, también se ha conseguido dinero para el Plan con la venta de propiedades vinculadas a Juan Carlos Fernández Cores, Parido, al vilagarciano Guillermo Abalo Maneiro o Juan Carlos González, Culebra, condenado por crear la mayor red de blanqueo de capitales entorno al ladrillo en Vigo, con bienes como céntricos locales y viviendas, destacando el ocupado durante años por una famosa cadena de pizzas en García Barbón y que se adjudicó por más de 500.000 euros.

Todo ello sin olvidar que la Fundación galega contra o narcotráfico tiene un convenio con la Xunta para la venta de bienes de rápido deterioro como son los vehículos.