Desde su puesta en marcha, hace siete años, el servicio de bienes decomisados de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) ha gestionado 163 bienes de los cuales, ya ha dado salida a 65. Esto supone un valor patrimonial de 927.000 euros que, en su mayoría, se corresponden a vehículos, pero también embarcaciones y equipamientos que se venden o ceden de manera inmediata, lo que supuso un avance en su momento, pues no es necesario esperar a una sentencia firme. De hecho, la entidad sigue esperando un cambio legislativo que permita hacer lo mismo con los inmuebles.

Este modelo es único en España, pues se trata de una entidad sin ánimo de lucro que soluciona  a la administración un problema de conservación. La resolución de las causas judiciales por tráfico de drogas suele demorarse mucho en el tiempo y eso provocaba el deterioro y consiguiente pérdida de valor de los bienes incautados. “Los juzgados están para impartir justicia, no para estar preocupándose por la ITV de un coche. Y al final, lo que quedaba, eran amasijos de hierros oxidados aparcados en las calles esperando por una sentencia firme y, algo no menos importante, la sensación de impunidad del narco detenido pudiendo pasear con su deportivo y haciendo gala de ostentación”, explica su gerente, Fernando Alonso. 

Argumenta que cuando la justicia les da luz verde, es porque “ve indicios poderosos” y, en el caso “improbable y muy poco habitual” de que hubiera una absolución, “ese absuelto saldría ganando porque se le reintegraría el valor de la venta”.

Destruir una planeadora cuesta unos 12.000 euros

Cuando se trata de una transacción comercial, el dinero se deposita en las cuentas judiciales: “La Fundación no cobra nada por realizar esta gestión, solo queremos colaborar en la solución de un problema”, destaca. En situaciones como que destruir las potentes planeadoras, como las incautadas recientemente en Arousa, tiene un elevado coste, de unos 12.000 euros. La ley prohíbe la utilización privada de semirrígidas en esas dimensiones y potencia y no pueden ponerse a la venta porque “al final, la comprarán los propios narcos o sus primos”. Pero hallaron la solución con la venta de los motores, lo que “no solo cubre ese coste de destrucción sino que además se gana dinero”. La administración destina las recaudaciones de estas subastas a la lucha antidroga y a la ayuda personas drodependientes.

El servicio de la FGCN busca soluciones múltiples porque cada caso es diferente. Respecto a los vehículos, la salida más sencilla es la venta y, de hecho, es una oportunidad de calidad precio para el ciudadano de a pie, pues además de modelos de alta gama, como el Porsche Panamera vendido por 35.000 euros –el más caro hasta ahora–, hay utilitarios más modestos.

Focos de una plantación de "maría" para el pabellón

También hay otras propiedades como equipamientos y un ejemplo es el de una plantación de marihuana (ventiladores, lámparas, etc.) que fue cedido al Concello de Vilagarcía y se ha utilizado en instalaciones como el pabellón de Fontecarmoa y para servicios de vías y obras, además de que Ravella asumió la destrucción de materiales contaminantes. “Lo que buscamos es que se compense, aunque solo puede ser en parte, el daño que causa el narco y que pierda la capacidad de usar sus bienes. También con un propósito disuasorio, que vean que cometer un delito tiene un coste inmediato”, expone Alonso.

De hecho, hace años que piden que suceda lo mismo con propiedades como casas, locales, etc. En estos casos aún hay que esperar a una sentencia firme, “legalmente el camino no está tan allanado, pero nuestro objetivo es que se venda de inmediato o que haya un retorno social, aunque sea en forma de cesión temporal para asociaciones. Cuando se pueda, nos ofreceremos a ayudar para que pasen a manos honradas”. 

El gerente indicó que la pandemia y otras cuestiones han demorado en los últimos tiempos la agilidad del servicio, pues a día de hoy aún tienen 98 bienes muebles en stock. También destacó que todo esto no sería posible sin el convenio con Xustiza de la Xunta, que cubre el gasto de gestión del servicio, y la colaboración del Colegio de Procuradores de A Coruña, donde se guardan los bienes, así como del TSXG, el Plan Nacional sobre Drogas, los juzgados, Guardia Civil, Policía Nacional y SVA. Llegan a unidades judiciales más allá de las gallegas y estarían “encantados” de que este modelo, de una asociación social de lucha contra el narcotráfico, se replicara en otras comunidades.