El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, a petición del Ministerio Fiscal, ordenó el precinto de una casa en Cea cuyo dueño está investigado por un delito contra la ordenación del territorio. En concreto, la causa se abrió para determinar si el inmueble se instaló en suelo rústico y sin ningún tipo de licencia urbanística.
 

El propietario trató de evitar el precinto del inmueble, presentando recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra a la medida cautelar promovida por Fiscalía, que es al mismo tiempo el querellante.
Sin embargo, el tribunal provincial rechaza de plano este recurso y confirma el auto del 19 de marzo de 2024 dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, sin efectuar pronunciamiento de costas. La resolución es firme y, contra la misma, no cabe recurso alguno.

Para dictar su auto, la Audiencia tiene en cuento los hechos que se exponen en la querella del Ministerio Fiscal, que recoge que en 2020 este vecino de Cea llevó a cabo la instalación de una casa prefabricada residencial. Las obras ya están terminadas y, denuncia el Ministerio Público, “carecen de licencia urbanística y de autorización” de la Xunta de Galicia. Asimismo, continúa el fiscal, “los terrenos en los que se encuentran las edificaciones están calificados como suelo rústico de protección de cultivos”, según el PXOM en vigor. La tipología sería, según el querellante, de “uso residencial” y, por tanto, “sin vinculación a una explotación agrícola”, por lo que “constituye un uso prohibido”. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por lo que la Audiencia considera que las medidas cautelares sirven para garantizar la efectividad de una sentencia condenatoria y proteger a terceros.