Catorce años y medio de cárcel y una multa que asciende a 1,6 millones de euros. Esta es la condena a la que se enfrentan dos vecinos de Vilagarcía acusados de transportar cocaína a localidades asturianas para su posterior comercialización. Los hechos – que serán juzgados el jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra– se remontan a abril de 2021 a raíz de unas investigaciones conjuntas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. De esas pesquisas se determinó que los dos vilagarcianos formaban parte de un grupo de cuatro personas (las otras dos vecinas de Marín) cuya actividad era “el acopio y comercialización de estupefacientes que distribuían tanto a consumidores finales de estas sustancias como a otros distribuidores secundarios en el mercado ilícito”.

La vivienda de uno de los vilagarcianos era la que se utilizaba como centro de operaciones. Era ahí donde el otro vecino de la localidad recogía la mercancía para distribuirla en un Audi A5 equipado de forma específica para el transporte de droga. De hecho el turismo disponía de dos habitáculos con apertura eléctrica en los paneles laterales traseros en donde los acusados guardaban la cocaína para intentar burlar así posibles controles policiales. Fue en julio de 2021 cuando parte de los miembros de la banda se dirigían a Avilés con el citado Audi A5 y con otro vehículo a escasos metros para poder advertir de posibles controles. A la llegada a la localidad asturiana son identificados por agentes de la Nacional que –tras la inspección del vehículo– encuentran dos kilos de cocaína con un valor en el mercado negro de 222.784 euros.

Tras las detenciones se procede al registro domiciliario de los implicados. En la casa del vilagarciano que era usada como centro de operaciones se encontraron varios dispositivos móviles, así como una máquina de contar dinero. Además en la tercera planta tenía guardados al vacío un total de 1,3 millones de euros. Cantidad que no encajaba con los ingresos del hombre por su trabajo declarado, que eran apenas de 5.000 euros anuales.

Tras las investigaciones y la instrucción el vilagarciano que vivía en ese centro de operaciones se enfrenta a nueve años de prisión, mientras que su compañero a seis años y medio. Por su parte los vecinos de Marín lo hacen a siete años y a seis años y tres meses respectivamente.

El primero de los vilagarcianos ya había sido condenado en el año 2014 a una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito de drogas, lo que funciona ahora como agravante.