La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo jueves el juicio contra tres vilagarcianos como presuntos miembros de una banda criminal que vendía droga en el entorno del SPAD de la capital arousana. Los hechos que se juzgan se remontan a finales de 2019 y principios de 2020. Agentes de la Policía Nacional sorprendieron a uno de los investigados cerca del Servicio de Prevención y Ayuda a la Drogodependencia cuando lo estaban buscando por su presunta participación en un delito de violencia machista. Los agentes comprobaron que en su mano izquierda tenía un envoltorio con cocaína y –en un paquete de tabaco que llevaba en el bolsillo de su pantalón– una bolsa con heroína, así como más de una decena de envoltorios con sustancias estupefacientes. Justo un día antes los agentes, que llevaban a cabo labores de investigación en un coche camuflado, constataron como un hombre y una mujer realizaban intercambio de cocaína en el interior de un vehículo. Tras el cacheo a la mujer ( expareja del individuo sorprendido cerca del SPAD) se le descubrieron envoltorios con cocaína. En el marco de las investigaciones se trazó una relación de esta pareja con un tercer implicado, que la policía entiende como colaborador estable del hombre encargándose de hacer entregas de partidas de estupefacientes y cobros. Este era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad como vendedor habitual de estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad. Él también fue sorprendido en el entorno del SPAD haciendo entrega de papelinas de cocaína, que llevaba escondidas en la gorra e incluso entre los dedos de los pies.

Tras la instrucción llevada a cabo por el Juzgado número 1 de Vilagarcía la Fiscalía entiende que los tres individuos forman parte de un grupo criminal organizado encargado de la distribución y venta de droga en la capital arousana. Para el primero de ellos pide el fiscal siete años de prisión y una multa de 3.500 euros por un delito grave contra la salud pública. También otros dos años de cárcel por delito de integración en grupo criminal. Para la mujer la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 3.500 euros por delito contra la salud pública y otros dos por integración en grupo criminal. El tercer implicado (señalado como colaborador necesario del primero) se enfrenta a ocho años de prisión y 3.500 euros de multa por delito contra la salud pública y otros dos por pertenencia a grupo criminal. Además la Fiscalía pide el comiso de las sustancias, dinero, instrumentos y efectos intervenidos, así como el pago de las costas del procedimiento