El Concello de Vilagarcía tendrá que iniciar el proceso para resolver el contrato del aparcamiento Xoán XXIII. Así lo establece la última de las sentencias sobre un asunto que se dilata durante décadas y que, en 2021, llegó a los juzgados. Para ejecutarla, el gobierno local socialista decidió contratar asesoramiento jurídico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia inadmitió el recurso de casación presentado por el Concello de Vilagarcía contra  un fallo anterior del Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, en el que se le daba la razón a la concesionaria del estacionamiento, Pisuerga SA.

De esta manera, el Concello tendrá que iniciar un procedimiento administrativo, con audiencia de la concesionaria, para la declaración de la resolución del contrato de concesión del aparcamiento y su liquidación, “resolvendo expresa e finalmente, en prazo, sobre o seu importe, e establecendo unha data efectivo de reversión do activo”, según consta en la propuesta de la Secretaría Xeral de Ravella que se analizó en la Xunta de Goberno Local.

Un largo proceso

La mercantil Proinsa entró en concurso voluntario de acreedores el 17 de febrero de 2010, siete años después de firmar un contrato con el Concello que le otorgaba la construcción y explotación del aparcamiento por un periodo de cincuenta años. La empresa pidió por primera vez en 2014 la resolución del contrato, pero todo se precipita con la entrada en fase de liquidación, que concluye en febrero de 2019, cuando e Juzgado de lo Mercantil aprueba el plan.

Ante el silencio del Concello a sus peticiones, la mercantil da por desestimada su solicitud y decide recurrir a los tribunales. El primer paso es el Contencioso, que les da la razón, al entender que “la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución de contrato”. Así lo recogía la primera sentencia, que ratificaron todas las posteriores.

En 2022, el TSXG se pronunciaba ya en contra del recurso del Concello, al que reprochaba que no expusiese razones “de interés público (ni de otra clase) para explicar o demostrar su pasividad”. Con el rechazo al recurso de casación, concluye el periplo judicial.

Tasación actualizada

Para ejecutar la sentencia, la Xunta de Goberno Local del 17 de julio acordó adjudicar, por 9.000 euros, el asesoramiento legal a la firma Baltar Abogados y Asesores Tributarios SLP, por contar “cun equipo de profesionais altamente cualificados en dereito mercantil e en dereito administrativo”.

En cualquier caso, es solo el inicio de un camino que será complejo. En 2022 el Concello señaló que ya estaba iniciando los pasos para resolver la concesión. La primera medida fue encargar una tasación actualizada del inmueble, situado en un lateral de la parte nueva del Concello.

El informe lo valoró en 591.000 euros y fue realizado por un perito cualificado, tras tres visitas realizadas a las instalaciones. El perito señala los problemas de humedad existentes en los encuentros entre las entradas al aparcamiento y las aceras, así como en los elementos de ventilación que se sitúan en la superficie de la plaza. En el interior, también se detecta humedad en los tres sótanos, así como desprendimientos, desconchado y charcos. l