Desde que el sábado se tuvo conocimiento de que una empresa ubicada en A Pobra figura como investigada por la Guardia Civil en la operación “Atunali”, vinculada con delitos de fraude en la comercialización de atún congelado como si fuera fresco y en otros de falsedad documental y contra la salud pública, han sido muchos los nombres que se escucharon sobre la identidad de la misma. Pese a que no ha trascendido su nombre, si se saben algunos datos que permiten ir perfilando poco a poco el tipo de compañía de la que se trata.
Pese a que algunas informaciones difundidas pudieron llevar a equívocos y relacionarla directamente con el sector conservero, pues los barcos extranjeros de los que procedía el pescado abastecían a compañías de ese sector, se pudo concretar que se trata de una firma del sector del procesado de pescado que funciona como operador intermedio. Desde la Guardia Civil de Alicante, que lleva el peso de la investigación, se solicitó la colaboración de los agentes del Seprona de la compañía de A Coruña, que hace un par de semanas realizaron una inspección en dicha fábrica. Por esas fechas, algunas personas vieron a patrullas del instituto armado en una nave del polígono industrial. Además, le tomaron declaración al empresario pobrense en el puesto auxiliar de la Benemérita de la villa pobrense, pero no se le detuvo, para luego dejarlo marchar a la espera de lo que decida el juez instructor.
Fuentes a las que ha tenido acceso este periódico indicaron que la cantidad de atún incautada hasta la fecha en esta operación, en la que también están investigados otros tres empresarios, asciende a 47.100 kilos. Pese a que todos fueron intervenidos en Alicante, el muelle comercial de A Pobra ha sido donde se descargaron y comercializaron. Sin embargo, algunas fuentes apuntan que del atún incautado sólo una partida de alrededor de 1.700 kilos pudiera estar relacionada con el empresario pobrense. Ahondando en sus declaraciones de hace dos días a este periódico, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, manifestó ayer su creencia de que esas prácticas ilegales no son un riesgo para la salud, pero agregó que serán las autoridades sanitarias y judiciales las que lo determinen. l