El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la actual delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, rechazaron ayer ser parte de una “trama artificiosa” para abonar a la empresa Eiriña unos 86.000 euros de sobrecoste por unas obras en el campo de fútbol “O Boelo”, de Moraña, que ya habían sido ejecutadas con cargo a una subvención anterior. El ahora presidente de la Federación Galega de Fútbol y la exalcaldesa de Moraña -en ese cargo cuando ocurrieron los hechos que se juzgan- se sentaron en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra y se enfrentan a ser condenados por un delito de fraude y prevaricación con penas de tres años de cárcel y hasta nueve de inhabilitación como cargo público.

En su declaración a las preguntas de su letrado Luisa Piñeiro insistió en que el Concello de Moraña no gestionó la contratación, la adjudicación ni el pago de las obras de O Buelo, sino que se limitó a decir que “pedimos una subvención y nos han hecho un campo de fútbol”. Además garantizó en su declaración que Eiriña “nunca” le reclamó que le abonaran “ciertas cantidades” de dinero por los supuestos sobrecostes.

Por su parte, al entender que todas las preguntas que quería hacer ya habían sido respondidas por el resto de acusados, el abogado de Rafael Louzán renunció a interrogar a su cliente, por lo que este se acogió a su derecho de no declarar.

La Fiscalía solo pudo preguntar a dos de los acusados, a los representantes de las dos empresas invitadas a mayores de Eiriña al concurso convocado por la Diputación y que el fiscal considera que fue un “mero trámite” para justificar la adjudicación a Eiriña. El dueño de esta firma, Enrique Alonso Pais, y su número dos en la empresa, Jaime Alvariñas, negaron haber amañado la licitación de las obras y haber acordado con las dos anteriores empresas que presentaran unos “presupuestos de compromiso”. “Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema”, reseñó Pais. Fue él el que reconoció que mantenía una relación “cordial” con Louzán, pero negó que urdieran esta trama para compensar las pérdidas que acumulaba su constructora.

A mayores el entonces director de Infraestructuras de la Diputación, Manuel Juanatey, justificó la segunda licitación en el campo de O Boelo por las “necesidades detectadas” para mejorarlo.

Los abogados de los acusados pidieron, entre otras cuestiones formales, la nulidad de la instrucción al entender que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vigo, que dirigía la Operación Patos, carece de “competencia territorial” para investigar estos hechos y que se hizo una instrucción “prospectiva” sin abrirse por un delito en concreto. Además, reclamó la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas -ya avaladas en su día por la Audiencia de Pontevedra- y sus transcripciones al entender que son “totalmente ilegales”, ya que se autorizaron seis meses antes de iniciarse esta investigación y no se custodiaron de manera adecuada. Entienden pues que se ha vulnerado el derecho de defensa.

     A su llegada a los juzgados Louzán declaró que la causa procede de “comentarios que otras personas hacen y hoy comprobaremos que no hay nada” y de “unas fotografías del campo que el fiscal dice que se podía sobreentender que algunas obras antes de la inauguración ya estaban hechas. Si quisiéramos cometer alguna irregularidad no hubiésemos llamado a la prensa a esa visita a las obras, en donde se hicieron las fotos. Todo fue con luz y taquígrafos”.