El Tribunal Supremo ha suspendido la vista señalada para mañana donde iba a estudiar la condena a cuatro años de prisión que la Audiencia de Pontevedra impuso a  José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por blanquear dinero procedente de la droga mediante la adquisición de inmuebles.

El alto tribunal había fijado para mañana miércoles a las 11.00 horas la vista para estudiar los recursos presentados contra la sentencia de Prado Bugallo, que permanece en prisión, si bien hoy ha suspendido la convocatoria a petición de su abogado, según una providencia a la que ha tenido acceso Efe.

El ponente, el magistrado Miguel Colmenero, acuerda dar por personado a la defensa de Prado Bugallo y pone a su disposición las actuaciones, además de advertir al resto de partes para que, transcurrido un plazo de diez días, "queden nuevamente pendientes de señalamiento" de la nueva vista.

En ella el tribunal estudiará la condena a cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa que la Audiencia de Pontevedra impuso a Sito Miñanco en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico 

de drogas.

Mismo castigo que recayó en los otros cuatro acusados: María Rosa Pouso Navazas, Rosa María Prado Pouso y Josefa Pouso Navazas, su primera esposa, su hija mayor y su excuñada, respectivamente; y José Alberto Aguín Magdalena, un empresario que, según la acusación, actuaba como testaferro.

La Audiencia consideró acreditado que todos los acusados, "sin distinciones entre ellos", participaron "activamente" y de forma "fundamental" en el proceso para lavar dinero procedente del narcotráfico, y destacó su "notorio y desproporcionado" incremento patrimonial, que "no pudieron justificar" con sus ingresos legales.

El origen del dinero con el que adquirieron numerosas propiedades en la provincia de Pontevedra "solo se explica" por la relación de todos ellos con las actividades delictivas de Sito Miñanco, dijo la sentencia, que advirtió de las "mañas" empleadas por todos para "disimular" su actividad a través de compraventas, préstamos, hipotecas o sociedades instrumentales.

Aquella resolución acordó además la clausura definitiva de la sociedad inmobiliaria San Saturnino, a través de la que los acusados adquirían los bienes inmuebles, por considerarla el "eje" alrededor del cual todos los acusados blanquearon dinero del narcotráfico, y decretó el decomiso de la totalidad de bienes adquiridos.

Al margen de este procedimiento, Prado Bugallo tiene abierta una causa en la Audiencia Nacional, donde está procesado por intentar introducir en España presuntamente casi cuatro toneladas de cocaína cuando se encontraba en semilibertad en el marco de una supuesta red criminal.