El Concello de Meis cerró ayer el acuerdo de compra venta de los terrenos donde se asienta el bar de la Aldea Labrega para legalizar la situación de estas instalaciones municipales que, cabe recordar, tenían una orden de derribo por haberse construido sobre propiedad privada. Son algo más de 30.000 euros que ponen fin a años de litigios y, tras realizar algunas reparaciones, pues lleva cinco años cerrado, la concesión se sacará a concurso público para “revitalizar” la zona, que está en el corazón de la Ruta da Pedra e da Auga, uno de los recursos naturales y turísticos más importantes de la villa.

Tras meses de negociación, no exenta de dificultades, la alcaldesa, Marta Giráldez, se mostraba ayer satisfecha con el cierre de este capítulo que incluso sentó al exregidor en el banquillo de los acusados. Y es que durante ocho años el concesionario no pagó el canon de la concesión y se le renovó automáticamente en lo que los socialistas consideraron, cuanto menos, un trato de favor. Luego, las diligencias, seguidas inicialmente por presunta prevaricación, se sobreseyeron por prescripción, según la propia Giráldez. El caso es que cuando su partido llegó a la Alcaldía, en 2019, inició las negociaciones con los propietarios de los terrenos donde se construyó el bar sin permiso para tratar de alcanzar un acuerdo y salvarlo de la piqueta. Además, ayer mismo se desplazó hasta el lugar para hacer inventario del contenido pues el anterior gerente no llegó a entregar nunca las llaves, de hecho, también se cambió la cerradura.

Más barato que la demolición

La regidora aseguró que se trata de un acuerdo “ventaxoso” para el Concello porque “ao final, resultaba máis cara a demolición, que ascendía a uns 20.000 euros, porque por 12.000 euros máis nos facemos cos terreos”. Pero además, “as arcas municipais non se van resentir”, añadió, pues el pago de esos 30.000 euros se va a realizar en dos veces: el primero se efectuó ayer y el segundo será en el primer semestre de 2022. Y sobre todo, consiguen mantener unas instalaciones construidas hace más de una década en plena Ruta da Pedra e da Auga, en la parroquia de San Martiño, por eso ahora “queremos volver a sacar a concesión para a súa xestión e revitalizar esta zona”, explicó la regidora.

Embargo de cuentas locales

Cabe recordar, que había una sentencia firme del Supremo que ordenaba derribar una parte porque ocupaba por lo menos dos fincas particulares y, de hecho, fueron sus propietarios quienes denunciaron. El asunto llegó al punto de que se embargaron las cuentas municipales para cubrir el coste de la demolición, pero cuando la socialista inició la negociación, las partes alcanzaron el acuerdo de pedir el alzamiento de este proceso y se devolvió el dinero.

En su momento, José Luis Pérez Estévez también manifestó su intención de comprar los terrenos, pero no alcanzó un acuerdo y para Giráldez “os pleitos foron innecesarios porque, ás veces, hai que falar e negociar e deixar o orgullo de lado. Eu non veño a Alcaldía a poñer o meu orgullo nunha balanza”, sentenció.