El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha avisado de que no aceptará "ninguna humillación", después de que el Tribunal Supremo haya dado un plazo de cinco días a los condenados por el "procés" para que aleguen lo que consideren oportuno en relación con las peticiones de indulto.

"¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y en todo el mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes. ¡Lo volveremos a hacer! ¡Viva Cataluña libre! No en mi nombre", ha dicho en un mensaje publicado en Twitter, en el que no detalla si presentará un escrito.

El activista, que lleva más de tres años encarcelado, fue condenado a 9 años de prisión por el delito de sedición y a otros tantos años de inhabilitación absoluta por su implicación en el "procés".

Como las solicitudes de indulto las impulsaron terceras personas e instituciones, el Supremo ha dado un plazo de cinco días a los doce líderes independentistas condenados para expresar lo que tengan "por conveniente acerca de esa petición" y formular, si lo consideran oportuno, "alegaciones previas a la elaboración" por la Sala II del informe sobre los indultos que prevé la Ley. 

Plazo del Supremo

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los doce líderes independentistas condenados por el "procés" para que aleguen lo que consideren oportuno en relación a las peticiones de indulto.

La Sala II ha dictado doce providencias de contenido similar, una por cada uno de los condenados, en la que se acuerda dar esta audiencia a los condenados toda vez que la solicitud de indulto para ellos está promovida por terceras personas e instituciones.

Todos ellos tienen un plazo común de cinco días para expresar lo que tengan "por conveniente acerca de esa petición" y formular, si lo consideran oportuno, "alegaciones previas a la elaboración" por la Sala del informe sobre los indultos que prevé la Ley.

Se trata del último paso antes de que la Sala de lo Penal, como tribunal sentenciador, emita su informe preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, que será el que decida.

Para ello, los magistrados deberán estudiar no solo los informes de los condenados sino de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Esta última ha evitado manifestarse a favor o en contra de la concesión del indulto aunque ha destacado la reparación del daño económico ligado al delito del malversación, una vez que se han depositado 4,1 millones en el Tribunal de Cuentas.

La posición de la Abogacía contrasta con la de la Fiscalía que sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos" y por eso se ha opuesto de manera tajante a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".