aún no ha terminado el estado de alarma y ya tenemos caos judicial. Que, por otra parte, era lo esperado. Resulta que mientras los tribunales superiores de Valencia y Baleares avalan que se mantenga el toque de queda y se limite el número de participantes en reuniones sociales, los jueces vascos le han dicho a Urkullu que los derechos fundamentales están por encima de la Ley de Sanidad, o sea, que de restricciones, nada de nada. Seguro que el lehendakari se lo veía venir, y de ahí su insistencia en que se ampliase el estado de alarma. Pues ya tiene trabajo el Tribunal Supremo. Eso, si no encuentra la forma de librarse del encarguito del Gobierno por algún defecto de forma o alguna cuestión jurídica de esas que a la mayoría se nos escapan. Que en el peor de los casos –el peor para Pedro Sánchez, seguro; para el resto, hay dudas– lo mismo la cuestión acaba en el Constitucional y en un giro inesperado acaba siendo el Gobierno el encargado de gobernar.