La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por su presunta participación en 2017 en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero de la droga, todo ello cuando se encontraba en semilibertad.

La sección segunda de la Sala de lo Penal ha rechazado los primeros 7 recursos de apelación presentados por las 46 personas físicas y otras 5 jurídicas que fueron procesadas por la juez María Tardón el pasado 18 de diciembre por delitos contra la salud pública relativos a sustancias que causan grave daño a la salud con la agravante de notoria importancia en el seno de una organización criminal.

También se les imputa blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento oficial y tenencia ilícita de armas, en el caso de algunos procesados.

Entre otros motivos para impugnar el auto de procesamiento, Prado Bugallo alegaba en su recurso deficiencias de motivación o fundamentación de la resolución e indefensión.

La Sala considera este reproche inmerecido y explica que los hechos atribuidos al procesado están claramente descritos en el auto recurrido, "sin ambigüedad, ni imprecisión alguna".

El tribunal detalla el modo pormenorizado con el que el auto de procesamiento relata los desplazamientos y reuniones que mantuvo Prado Bugallo con otros procesados, las medidas de seguridad que adoptaban; cómo aprovechaba su clasificación en tercer grado para continuar su actividad de introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España.

También detalla sus contactos con organizaciones suministradoras de droga en Sudamérica, así como la infraestructura personal "de al menos 16 personas debidamente identificadas, con distintas responsabilidades personales y vinculación entre ellas que se detallan, así como las operaciones, reuniones y conversaciones todas debidamente datadas, para la preparación material y ejecución de dos operaciones, que se desarrollan desde el mes de marzo de 2016".

También "se refieren reuniones del procesado con distintos componentes de la organización y terceros y durante 2017, que culminaron con la incautación en el buque Thoran el 2 de octubre de 2017 de 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión de un contenedor en Países Bajos el 9 de noviembre de 2017".

La Sala también recoge el entramado criminal detallado en el auto de procesamiento, de ocultación de los beneficios generados por la venta de la droga y que se establecía en tres vías: el entramado societario de empresas de las que Prado Bugallo era el titular real, terceros que le prestaban servicios a cambio de comisiones y el transporte de dinero generado por la venta de la droga a través de correos humanos.

Asimismo, el tribunal rechaza las supuestas infracciones procesales alegadas por Prado Bugallo, entre otras, la supuesta infracción del principio non bis in idem, por una condena anterior por blanqueo de la Audiencia de Pontevedra, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo.

A este respecto, la Sala indica que sin perjuicio de lo que se concrete en el escrito de acusación, el fiscal sostiene que el período no es el mismo, ya que la condena mencionada por Prado Bugallo se refiere a hechos cometidos hasta el año 2012 y los hechos de esta causa se centran en un período posterior, de 2014 a 2018.

En otro auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma el procesamiento del abogado Alejandro Guerra Medina por elaborar documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero que había sido aprehendido a miembros de la organización unos días antes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Se trata de uno de los tres abogados investigados en esta causa y entre los que figura Gonzalo Boye, conocido por representar al expresidente catalán Carles Puigdemont y durante un tiempo al propio Sito Miñanco.