El pleno de la corporación municipal ribeirense volvió a estar repleto de reproches de los grupos de la oposición al PSOE por el pacto de gobierno suscrito con el PP hasta 2023, así como por parte de los populares hacia el PBBI y BNG, por considerar que había un pacto de no agresión entre ambos después de las notables diferencia que existieron entre ambas formaciones en el primer año y medio de mandato. Pese a ello, algunos asuntos debatidos acabaron aprobados por unanimidad, como fue la firma del convenio entre la Consellería de Política Social y el Concello ribeirense para la cesión gratuita de la parcela de la antigua discoteca “Hesta Kurba” para la construcción de una residencia de mayores del nuevo modelo postcovid de la Xunta.

Los nacionalistas lograron incluir una enmienda para que figure expresamente que sea un servicio público -algo que también demandó Suma Ribeira-, para el que indicó que seguirá demandando una gestión directa, pues lamentó que 8 de cada 10 residencia existentes en Galicia son privadas. Por su parte, el PBBI reiteró su postura de buscar otras alternativas para la ubicación de esa residencia en zonas alejadas de ruidos, de tráfico y de espacios húmedos y con mejores vistas, y añadió que se debería negociar las consecución de más plazas para vecinos de Ribeira que las que ya le corresponden por ley. Los socialistas pidieron mayor concreción en el inicio de las obras y advirtieron que en el punto 5 del convenio figuraba “Concello de Ferrol” por lo que solicitó que se enmendase, a lo que el alcalde dijo que ya lo habías detectado y que se cambiaría en el documento que se lleve para firmar.

Por otro lado, también recibió el respaldo unánime la propuesta del BNG para darle solución a los problemas del transporte público en Ribeira. En este sentido, los 21 ediles de la corporación aprobaron que el Concello coloque los horarios en todas las paradas y marquesinas del municipio; traslade todos los problemas existentes a la concesionaria para resolverlos e instalarla a cumplir con los horarios y las condiciones del contrato, garantizar la atención presencial al público; que el Ejecutivo informe a la comisión de Mobilidade e Seguridade Cidadá y al pleno del resultado de las gestiones y acuerdos alcanzados con la Xunta de Galicia y la empresa en un plazo máximo de dos meses; e instar a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a estudiar los problemas que se están registrando en el transporte público en Ribeira, que adopte las medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato y, de ser el caso, interponer sanciones por posibles incumplimientos de las mismas. De igual modo, a sugerencia del PBBI, solicitó que se estudien los transbordos entre parroquias.

El alcalde reconoció los múltiples problemas existentes, como la “mala organización, mala distribución de horarios, supresión de viajes sin motivo, problemas del alumnado de Corrubedo para ir a Coroso en horas punta, la existencia de dos horarios diferentes en la web y otros”, pero expresó su confianza en que se solucionen. De hecho, dijo que en septiembre, antes de que los nacionalistas presentasen la moción, ya mantuvo contactos con el encargado y el presidente de la concesionaria y con la Dirección Xeral de Transportes, pero reconoció que pese a esas gestiones “avanzouse pouco”. Ruiz también reconoció que habían albergado muchas esperanzas de que el transporte público funcionase con el nuevo pliego y que la adjudicataria del servicio fuese una empresa de prestigio nacional, pero señaló que no está funcionando.