Las quejas por las altas temperaturas que tienen que soportar los funcionarios que trabajan en el edificio de los juzgados de primera instancia e instrucción de Ribeira parecen que no son algo baladí. De hecho, según informó la delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), María José Pérez Sánchez, un abogado se desmayó durante la celebración de un juicio como consecuencia del excesivo calor que hacía en la sala de vista en la que se encontraba. Además, precisó que la letrada de la administración de justicia -antigua secretaria- del juzgado correspondiente envió oficio con copia de la grabación de lo ocurrido a la Dirección Xeral de Xustiza.  
Por ello, Pérez Sánchez indica que la respuesta ofrecida ayer por la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en la que sostiene que no recibió ninguna petición para climatizar o mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de las dependencias de la sección de Penal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira, es completamente falsa. “Son especialistas en las verdades torticeras, pues aunque es cierto que se acondicionó la parte alta del edificio de Ribeira y que la cosa debe funcionar bien porque los compañeros el día que fui me dijeron que todo estaba bien, sólo es esa planta”. Añadió que en otro juzgados cuyas dependencias se encuentran  frente a la sección de penal del Juzgado Número 3, “vi que disponían al menos de un ventilador. En ese juzgado no me protestaron, por lo tanto ignoro si ese ventilador les es suficiente, pero todo hace suponer que si”.
Respecto al resto de la respuesta, la delegada del STAJ manifestó que la consellería “miente de forma compulsiva”. En este sentido, apunta que lo que dice que no ha recibido petición alguna de climatización es lo mismo que le dice a la Inspección de Trabajo “cuando denunciamos que no se nos contesta a los escritos”. Y advierte que lo más grave es que cuando la Inspección de Trabajo le muestra los escritos sellados “siguen manteniendo la postura de ignorarlo todo, por que a ellos ese escrito nunca les ha llegado”.  A ese respecto, Pérez Sánchez dijo que dicha inspección también les ha hecho un requerimiento en ese sentido: “que tienen la obligación de contestar a los escritos que se les presenten”, pero añade que ese requerimiento “también se lo pasan por el arco de triunfo, supongo que por sentirse amparados por el hecho de ser administración y que, por lo tanto, está excluida de sanciones económicas, lo que no ocurre con la empresa privada”. l