Viviendas. Miles y miles y miles de viviendas. Viviendas destinadas a alquiler social asequible. Veinte mil viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. Cuarenta y tres mil viviendas. Un 50% más de vivienda protegida. Un total de 183.000 viviendas que aumentaron hasta convertirse en 184.000 en un par de meses. 

Viviendas que volvieron a un abstracto “miles y miles y miles de viviendas” este lunes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró el foro ‘Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar’ con un discurso más moderado que el que mostraba hace apenas un año. 

Y, mientras se suceden los anuncios, miles y miles y miles de ciudadanos esperan por las llaves, porque la vivienda, lo dice el CIS en su barómetro de enero, es el primer problema para un 28,3% de los españoles.
Un hecho que el secretario general del PSOE supo prever, y aprovechar, durante las interminables campañas electorales de 2023, cuando la vivienda ocupaba todavía un modesto duodécimo puesto en la encuesta. 

La oleada de promesas empezó poco a poco, con actos de la precampaña de las autonómicas y municipales. Uno de los primeros fue el celebrado en Palexco en abril de 2023 para apoyar la candidatura de la actual alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Allí, el presidente sacaba pecho de las 65.000 viviendas que estaban en “fase de ejecución”. 

Cuatro días antes, había anunciado en el Senado la construcción de 20.000 viviendas públicas en los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa.  

La oleada de promesas continuó después de que los malos resultados en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 llevaran Sánchez a convocar elecciones generales justo el día después. 

De eso hace más de un año y, en ese periodo, apenas se han entregado un seis por ciento de las llaves de esos pisos, que prevé el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. La mayor parte de ellas provienen de las carteras de la Sareb y el Fondo Social de Vivienda, que ya estaban construidas y ocupadas mientras Sánchez hacía sus promesas.

El objetivo que se marcó el Ministerio de Vivienda era el de poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales –cifra que ascendió a las 127.323–. Para esto, el departamento que dirige Isabel Rodríguez cuenta, además de con el fondo y el banco malo, con cinco herramientas: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Plan Estatal de Vivienda; la Sepes; los acuerdos con entidades locales y una línea de préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el que pretende atraer a los promotores.

El verano pasado, el Gobierno presumía de haber movilizado ya 80.745 viviendas de su plan aunque reconocía que 59.879 se encontraban todavía en fase de desarrollo y que tan solo había puesto 14.000 viviendas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sareb y las 10.411 activadas por el Fondo Social. Es decir, 24.411 viviendas en total en algo más de un año, la mayoría de las cuales ya estaban construidas y habitadas cuando se puso en marcha el plan. 

El Gobierno también reconocía, en una respuesta parlamentaria al diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, que el parque público de vivienda solo sumó 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, una cifra que continúa muy alejada de las 100.000 anuales que el Banco de España considera que serían necesarias durante los próximos quince años para que España se pueda acercar a la media europea.

La institución que ahora gobierna el exministro José Luis Escrivá calcula que, para alcanzar ese 9,3%, el país tendría que incrementar su parque público en 1,5 millones de viviendas, un objetivo que, si se plantea para los próximos quince años, saldría a razón de 100.000 anuales.
Sin embargo, “desde el 23 de julio de 2023 hasta la fecha se han suscrito trece nuevos acuerdos para el incremento del parque público de 244 viviendas”, reconoció el Ejecutivo.

El lento avance de su plan estrella, llevó al líder socialista a anunciar el mes pasado, en la clausura del Congreso Federal del PSOE,  la creación de una nueva empresa pública de vivienda  cuyo germen será la Sepes, que cambió su organigrama y fue elevada al primer rango de empresa pública.

La entidad iniciará su actividad con 5.000 viviendas, que incluye el traspaso de los inmuebles residenciales hasta ahora propiedad Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Adif y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse).  

La intención del Ejecutivo es que cubra todo el ciclo residencial, desde la urbanización de un suelo hasta la construcción y gestión de alquileres. Esto lleva  a cuestionar la invasión de competencias ya que las comunidades tienen transferidas las de Vivienda y el Estado, que ahora puede financiar, coordinar políticas y regular los arrendamientos,  se arroga la capacidad de promover y construir vivienda, directamente o mediante colaboración público-privada. 

Desde la Confederación Nacional de la Construcción, integrada en la CEOE, señalaron que la empresa pública “no resolverá los problemas de vivienda” y repiten que “el Gobierno se equivoca en el diagnóstico”.
Mientras tanto, miles y miles y miles de ciudadanos siguen esperando 164.000 llaves que no parece que vayan a llegar en esta legislatura.