Una jueza de Madrid ha requerido a Gonzalo Boye, abogado de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Joaquim Torra, los terminales que fueron supuestamente infectados con el software Pegasus en 2020 para analizar si se ha cometido un delito contra el derecho a su intimidad y secreto de sus comunicaciones.

La titular del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que sin embargo rechaza investigar a NSO Group, la empresa israelí que desarrolló el programa de ciberespionaje Pegasus, Cyber Technologies Limites y tres presuntos fundadores.

La magistrada ha rechazado admitir a trámite la querella de Boye contra dichas mercantiles, así como Osy Technologies, con sede en Luxemburgo y que es propietaria de las empresas del grupo NSO, pero sí que ha aceptado investigar si se podría haber cometido un delito contra la intimidad del abogado para determinar la "existencia, extensión y autoría" de los hechos que ha denunciado.

Y para indagar en ello ha requerido al letrado que aporte los terminales que fueron objeto de ataque entre enero y mayo de 2020.

En su querella, Gonzalo Boye denunció haber sido víctima de 18 ataques en aquellos meses mediante la utilización de Pegasus, a través de mensajes que contenían un enlace malicioso, disfrazado de notificaciones de Twiter relacionadas con supuestos tuits de organizaciones y medios de comunicación con los que contacta habitualmente.

La defensa de los dos últimos expresidentes de la Generalitat quería que la jueza investigase a la empresa que fabricó Pegasus y a sus subsidiarias, si bien la magistrada, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, considera que no hay elementos o principios de prueba que permitan abrir una investigación.

Explica que Boye ha basado su querella únicamente en artículos periodísticos y no ha aportado "ningún elemento objetivo" que sustente su hipótesis, de modo que, en su opinión, no se podría comenzar a investigar "unos hechos que, de ser acreditados, no serían constitutivos de un delito imputable a los querellados".

El supuesto espionaje con Pegasus está siendo investigado en diferentes juzgados, principalmente en Cataluña, donde están abiertas diferentes causas relacionadas con presuntos ataques informáticos a líderes independentistas catalanes y su entorno.

Recientemente una jueza de Barcelona abrió la primera investigación a la empresa israelí NSO a raíz de la querella presentada por el abogado de ERC Andreu Van den Eynde por el espionaje a su teléfono móvil.

El asunto también está en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el presunto espionaje del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios de sus ministros.