El Tribunal Constitucional admitirá a trámite a próxima semana el primer recurso de una comunidad autónoma contra la ley de amnistía, que marcará el camino a los 15 restantes, así como los recursos de los condenados por el procés contra la negativa del Tribunal Supremo de aplicarles la norma.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno del tribunal de garantías, que arranca el próximo martes, admitirá el recurso de las Cortes de Aragón, que fue el primero presentado por una comunidad autónoma contra la norma y, como consecuencia, permitirá que ocurra lo mismo con el resto de las impugnaciones autonómicas presentadas.

Cuando las autonomías recurrieron la norma en septiembre, el tribunal dudaba de que estuvieran legitimadas para recurrir la Ley de Amnistía y de que la norma afecte a su "ámbito de autonomía", por lo que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, encargó un informe para decidir si estaban capacitadas para impugnar esta ley estatal.

Según las fuentes, los letrados del tribunal se han pronunciado a favor de la legitimidad de los gobiernos y asambleas regionales para impugnar la norma, la misma conclusión a la que ha llegado el letrado de la magistrada progresista Laura Díez, que es la ponente del primer recurso de las Cortes de Aragón.

El Constitucional tiene en cola las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria.

El otro recurso presentado ante el TC es el del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único barón del PSOE que ha recurrido el texto ante el TC.

Por otra parte, el tribunal también admitirá a trámite los recursos de amparo del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva para que se les aplique la amnistía, que el Tribunal Supremo no les ha concedido "rebelándose" a cumplir la ley, según los demandantes.
El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación, al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.

Los tres dirigentes de ERC siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitan en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar.

Asimismo, el borrador de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán plantea admitir a trámite la recusación formulada por la Fiscalía contra el magistrado conservador Jose María Macías en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo.

Esta recusación no guarda relación con aquella presentada por la Abogacía del Estado contra Macías en el recurso del PP, que fue rechazada por unanimidad por considerarse prematura, sin llegar a entrar en los motivos de la impugnación, algo que sí ocurrirá ahora.

Porque con este nuevo incidente, las fuentes avanzan que habrá debate porque cuando Macías fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma.

Ahora bien, en caso de admisión a trámite de esta segunda recusación, eso no implica directamente que se vaya a apartar al magistrado, sino que se iniciará un procedimiento con un instructor que dará traslado para escuchar a las partes antes de que la vicepresidenta, como ponente, eleve a Pleno su decisión.

Mientras tanto, el procedimiento para resolver la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo quedaría paralizado.