Están a punto de cumplirse nueve meses desde que el pasado 21 de noviembre los abogados del turno de oficio del partido judicial de Ribeira, como otros en el resto del territorio autonómico y nacional, iniciaron la primera huelga indefinida de su historia, convocada por el sindicato Venia Advocatorum Unio, para reclamar condiciones laborales y salariales dignas. Estos letrados señalan que en este periodo, que equivale al de un parto normal, “non se sabe nada da criatura e parece que sairemos de contas e todo seguirá igual”, afirman. Aunque ahora, en agosto la actividad en los juzgados está bastante parada y los efectos del paro no se notan tanto, se mantienen firmes y han conseguido la suspensión de un buen número de juicios y actos jurídicos que no entraban en los servicios mínimos de la atención a detenidos, a víctimas de violencia de género y en asuntos relacionados con menores.

La delegada de Venia en A Coruña y Galicia, Rosa Lozano, manifestó que todos los abogados del turno de oficio que secundan la huelga solicitan suspensiones y se les suelen conceder. “Tienen un seguimiento muy alto. Ribeira es un puntal de compañeros que luchan por mantener viva la protesta, a pesar de todas las dificultades que nos están poniendo en todos los estamentos, incluidos los colegios de abogados. Es terrible”, declaró Rosa Lozano. En este sentido, también dijo que lo que para cualquier trabajador o colectivo es un derecho constitucional, de reivindicar el reconocimiento laboral y los derechos a través de la huelga, “para nosotros está siendo una lucha el hecho de que nos permitan incluso hacerla y ya no sólo lograr los objetivos a través de la misma”. Y añadió que “la verdad es que los compañeros del partido judicial de Ribeira merecen una estatua, pues están realizando una pelea diaria para lograr un reconocimiento de cara al futuro y también para ahora de que somos trabajadores. Ya está bien”, subrayó. La mitad de los letrados del turno de oficio en Ribeira secundan la huelga, mientras que la gran mayoría del resto lo respeta y no los sustituyen. También indicaron que hubo una propuesta para darse de baja todos los abogados de oficio del partido judicial, pero no prosperó al ser apoyada sólo por 21 de los 47.

Lozano indicó que se abrieron expedientes y diligencias preliminares y se impusieron multas coercitivas a abogados por no comparecer en actos jurídicos a los que sostienen que no deben asistir por secundar la huelga, y que en algunos casos no salieron adelante, aunque hay letrados que señalaron que en sus casos siguen tramitándose, pero que no van a doblegar ni cambiar su postura. La delegada de Venia añadió que están recibiendo “amenazas  y se están utilizando mecanismos y presiones que no se habían empleado hasta ahora con ningún otro operador jurídico, ni con los letrados de la Administración de Justicia, ni con los funcionarios cuando ellos ejercieron el derecho a la huelga y con el total reconocimiento de los demás operadores”.

Además, precisó que en sitios como Ribeira “se les está metiendo mucha presión a los abogados de oficio, que ni siquiera es comparable con el trato que se les da a los detenidos o a los acusados, a los que si se les permiten suspensiones por mucho menos. Pero, parece que, por lo que sea, no hay interés en que reivindiquemos nuestros derechos”. Los abogados de oficio no entienden que se actúe así después de que nadie hubiera impugnado la huelga indefinida.

Negativa

“Vemos que la Administración gallega tiene mucho interés en que levantemos la huelga, pero muy poco en escucharnos”, declaró Lozano, quien agregó que “es vergonzoso que, a estas alturas, el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, se haya negado a reunirse con nosotros en alguna de las ocasiones en las que se lo solicitamos, y nos derivan al director xeral que, a su vez, nos comunica que tiene las manos atadas y no puede hacer nada, que tiene el presupuesto que es y no puede tocar nada”. Por ello, Venia señalan que desde septiembre se va a confeccionar el presupuesto de la Xunta para 2025 “en el que el partido que gobierna tiene la mayoría absoluta, con lo que puede establecerlos como quiera, y sería muy importante que aborde en este momento un incremento de las partidas para acometer las modificaciones económicas que le corresponden al turno de oficio, que le compete. Pero, no conseguimos que el conselleiro se reúna con nosotros para escuchar lo que necesitamos y lo único que obtenemos son las contestaciones del director xeral”.

Rosa Lozano declaró que “no aceptamos lo que nos dice, pues no es algo que haya que pactar con un partido, sino que es cuestión de voluntad política del Gobierno, y ni siquiera se reunió con nosotros, con lo que avances en Galicia fueron pocos”. Anunció que van a seguir con la huelga y sus movilizaciones, aunque respecto a estas últimas “puede que cambiemos algunas medidas o adoptemos otras para meter presión de otra manera”, precisó. 

La delegada del citado sindicato de abogados afirmó que son un sector que ha estado “dormido” hasta ahora, y que “lo que piensa la Xunta de Galicia es que ignorándonos nos va a cansar o desgastar, pero eso no lo van a conseguir, ni tampoco que nos callemos. La época en la que no decíamos nada se acabó”. Lozano recordó que los ciudadanos tienen derecho al servicio del turno de oficio y que los profesionales que lo prestan deben tener sus derechos laborales. “A ninguna empresa privada se le permitiría tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y pagándoles tan poco, pues sería explotación, y que lo haga una Administración es aún más grave”.

Lozano indicó que la Xunta de Galicia le dice al público que el turno de oficio “funciona mejor aquí que en otros sitios, pero eso es falso, porque hemos reportado al director xeral de Xustiza certificados de retenciones de compañeros de toda España y, de largo, los gallegos somos los que menos cobramos, con unas diferencias abismales, entre 10 y 20 veces menos”. También dijo que los responsables del Ejecutivo autonómico “reconocen en privado que estamos mal pagados, aunque públicamente lo niegan”. Rosa Lozano concluyó diciendo que esta situación hay que solucionarla ya, porque señala que la población tiene que recibir un servicio público de calidad, como lo estuvieron prestando hasta ahora “pero no podemos hacerlo a costa de nuestros ingresos, de nuestro dinero”. 

Reivindicaciones

Los abogados de oficio indican que sus retribuciones son equiparables, por analogía y en sentido amplio, a las de los funcionarios y que deben gozar de los derechos a la libertad sindical y a la huelga. Añaden que no se les reconoce una igualdad de derechos respecto de otros muchos cuerpos, “sobre todo porque no tenemos una relación laboral, ni funcionarial, ni estatutaria con las administraciones”, por lo que indican que, como profesionales liberales, pierden tiempo y dinero en realizar un servicio y una función pública “que no se ve debidamente recompensada”. Precisan que no es sólo una cuestión de retribuciones, sino que buscan establecer una serie de derechos no reconocidos, además de un incremento en los emolumentos “que realmente son muy escasos”, dicen. 

También reclaman su regulación jurídica y pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), retribuciones dignas abonadas en tiempo y forma, pago de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que se les designa y de los tiempos de disponibilidad, abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio y que ante la denegación definitiva de la Asistencia Jurídica Gratuita es la Administración la que pagará al abogado y reclamará al ciudadano y no al profesional designado. Igualmente, solicitan la actualización anual de las retribuciones conforme al IPC; cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos; derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital; reducción de la carga burocrática; derecho a la formación gratuita; reconocimiento de la condición de autoridad y campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.