Un barbanzano deberá sentarse el próximo lunes, a partir de las diez menos cuarto de la mañana, en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial en A Coruña para responder de cuatro supuestos delitos relacionados con violencia de género contra la que era su pareja en el domicilio de la comarca que compartían y en presencia de sus hijos menores, y por los que la Fiscalía le pide un total de 12 años y 5 meses de cárcel. Se trata de la cuarta vez que se produce el señalamiento de esta vista oral, después de que a mediados de junio de 2022 se suspendió a causa de un problema médico de un abogado, a finales de octubre del año pasado por la incomparecencia del acusado y el pasado 8 de febrero como consecuencia de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales.

Concretamente, el Ministerio Público le solicita dos años y medio de cárcel por maltrato habitual físico y psíquico, junto a la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante cuatro años, con la pérdida de vigencia del permiso o licencia; seis años de prisión por tentativa de agresión sexual; dos años y medio de privación de libertad por coacciones graves, y once meses de cárcel por lesiones y privación de tenencia y porte de armas durante dos años y medio. Además, la Fiscalía demanda para el procesado penas accesorias de prohibición de aproximarse a su ahora excompañera sentimental a una distancia inferior a 200 metros, de acudir a su domicilio u otro lugar frecuentado y de comunicarse con ella de cualquier manera durante un total de 22 años. Y pide que la indemnice con 7.000 euros por los perjuicios ocasionados. 

La Fiscalía relata que el procesado y la denunciante iniciaron una relación sentimental en 1993 y que 12 años después empezaron una convivencia, fruto de la cual nacieron sus dos hijos, que al denunciarse los hechos tenían 10 y 8 años. Añade que la relación entre ambos se tornó difícil desde su inicio, siendo frecuentes insultos y menosprecios del acusado a su pareja, y que “era habitual que ejerciera control sobre sus relaciones personales y familiares”, llegando a impedirlas y provocar el aislamiento social de ella.

Control del teléfono móvil 
De igual modo, sostiene en su escrito de acusación que el acusado le limitaba a su entonces pareja el acceso a la economía familiar, no disponiendo de cuenta propia ni tarjeta de crédito, teniendo que pedirle en todo momento dinero a él para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus hijos. “También ejercía control sobre su teléfono móvil y mensajes de WhatsApp, llegando el acusado a revisarlo a diario y dar de baja la línea de teléfono de su pareja y que se quedara incomunicada”, sostiene la Fiscalía. Añade que él inflingía habitualmente en ella “terror y miedo”, llegando a tirar su ropa por la casa, profería expresiones para que se fuera de casa, llegando a echarla de ella, permaneciendo en el rellano al no tener a donde ir.

El Ministerio Público considera que los múltiples actos de violencia durante la convivencia se agudizaron a partir de 2018, cuando se puso fin a la relación. En este sentido, refiere un suceso ocurrido el 3 de noviembre de ese año cuando los cuatro miembros de la unidad familiar iban en el coche que conducía ella y la pareja discutió y él le dijo que lo parase y se bajase del mismo, pues ella no volvía a casa. Agregó que acto seguido, él cogió el volante y lo giró bruscamente, provocando que el automóvil se saliera de la vía, teniendo ella que frenar bruscamente para evitar la colisión con otros vehículos aparcados. Los hijos empezaron a llorar y ella se apeó del coche que pilotaba y se fue andando a su domicilio.

Deseos libidinosos 
Y el Ministerio Público relata en su escrito de acusación que tres días después él la metió en el baño con deseos libidinosos y ante su negativa y los lloros de los hijos la arrojó al suelo, causándole lesiones en un brazo. Al día siguiente, ella interpuso la denuncia y a él se le detuvo, decretando el Juzgado Nº3 de Ribeira una orden de alejamiento en un primer momento, y dos meses y medio después su ingreso en prisión preventiva, que estuvo vigente hasta el 15 de mayo de 2019. l