La Fiscalía se adhirió al recurso interpuesto por la representación legal de una guardapesca de la Cofradía de Cabo de Cruz por unas amenazas de despido, cuyo procedimiento lleva el Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Ribeira, que en otro proceso paralelo absolvió del delito de coacciones a directivos y mariscadores del pósito crucense. La representante del Ministerio Público indica que en esa nueva causa se investigan los hechos denunciados contra dos personas “que pudieran ser constitutivos de un delito de obstrucción a la Justicia, en concurso real con otros posibles delitos, ya de coacciones, ya de amenazas”, precisa. Sostiene que la denuncia de la guarda rural va acompañada de prueba documental suficiente “para investigar una posible represalia sufrida en el ámbito laboral, y que tiene trascendencia procesal penal que iría más allá, sin duda, de un delito leve. Los hechos deben ser investigados”, subraya la fiscal.

El Ministerio Público recuerda que esa guardapesca denunció en julio de 2021 unos hechos que dieron lugar a un delito leve y cuyo juicio se celebró el pasado 6 de junio, “siendo absolutoria la sentencia”. Pero, precisa que antes de esa vista oral la afectada denunció que sufrió “presiones por parte de ambos denunciados para retirar la denuncia”, cuando el procedimiento estaba “vivo” y  que las presiones estaban directamente relacionadas con ese proceso, “lo cual, de ser cierto, constituiría un delito de los indicados”, subraya. 

La fiscal añade que esas presiones se materializaron en un cambio “de facto” de las condiciones en el puesto de trabajo, pues al reincorporarse en noviembre de 2022, tras una baja, le asignan la vigilancia a pie cuando antes su labor era en embarcaciones, y horarios nocturnos sin acompañantes, cuando en los cuadrantes del servicio figuraba uno para tal fin. Indica que en diciembre habría sido presionada para firmar una declaración jurada que, según la guarda rural, contenía hechos falsos y que el 14 de febrero uno de los denunciados, en connivencia con el otro, le habría insistido para que la firmase y que se atuviera a las consecuencias si no lo hacía. Añade que el 9 de mayo la denunciante recibió una comunicación de apertura de expediente disciplinario en la que un directivo de la Cofradía “le habla de la falsedad de la denuncia de junio de 2021, coaccionándola con el despido”.

“Violencia psíquica” 
La Fiscalía entiende que esta secuencia de hechos, de ser veraces, “constituyen una clara violencia psíquica, por intimidación, para influir en un procedimiento judicial”. Y dice que pese a que la denuncia de junio de 2021 derivó en una sentencia absolutoria, la misma “reconoce tensión y conflictividad y versiones contradictorias”. “Los ahora denunciados pretenden ir por delito de denuncia falsa contra la guardapesca, cuando de las afirmaciones que contiene la propia sentencia no dan pie a ello, sino que afirma lo mencionado”. Y señala que a ello hay que añadir un escrito del 11 de marzo de 2021 del entonces patrón mayor “dando cuenta de la existencia de coacciones y amenazas y apoyando la causa emprendida por la guardapesca respecto al proceso judicial incoado por ella y que dio lugar al delito leve”.

Por eso, la fiscal entiende que deben practicarse diligencias de investigación “teniendo en cuenta que la denunciante sufrió la incoación del referido expediente disciplinario, cuyo fin es el despido, basándose única y exclusivamente en haber denunciado hechos en los que, sencillamente, y como en otros tantos casos, no hubo condena. Pero ello no implica un falso testimonio”. Y dice que, con esos elementos, “la incoación de un expediente disciplinario por ‘denuncia falsa’ queda en tela de juicio y parece más bien una represalia, que es lo que hay que investigar”. 

En concreto, la fiscal refiere que hay que investigar si las afirmaciones de la declaración jurada que la denunciante no quiso firmar se relacionan o no con la denuncia que dio lugar al delito leve denunciado en junio de 2021, para determinar su veracidad o falsedad; y que debe tomarse declaración detallada a la denunciante, testigos que estuvieron en la reu­nión de diciembre de 2022, entre ellos el patrón mayor y un asesor, y a los investigados, y añade que la acusación particular pide en su escrito de recurso diligencias que deben ser aceptadas.